Esos recursos están destinados para tres rubros. El primero busca llegar a 2.2 millones de familias que tienen consumos menores a los 200 kWh y que se ubiquen en zonas marginales con la entrega de Q1 mil mensuales por tres meses. Acá se busca erogar Q6 mil millones, fondos que estarán a cargo del Ministerio de Desarrollo Social.
El segundo rubro es para más de 300 mil hogares y en los que en más de uno de los integrantes de la familia se les haya suspendido el contrato laboral en el sector privado. Se entregaría un bono de Q2 mil mensuales por tres meses.
En ese programa se destinan Q2 mil millones, y estarán a cargo los ministerios de Economía y de Trabajo.
El tercer programa está dirigido para el rescate de las micro, pequeñas y medianas empresas, con el otorgamiento de créditos, los cuales estarán a cargo del Crédito Hipotecario Nacional. Con esa iniciativa se destinarán Q3 mil millones.
La entrega de los Q1 mil se hará a través de bancos del sistema, los cuales apoyarán sin cobrar ninguna comisión, y el dinero podrá ser retirado en cajeros automáticos.
Sin embargo, no todos serán beneficiados. El proceso de selección empezará con la emisión del recibo de consumo de energía eléctrica, el cual lleva impresa la frase “Fondo Bono Familiar” y un código que se ingresará en una aplicación —que se está terminando de diseñar—, junto con los datos personales del beneficiario.
Los recursos no serían otorgados a personas que tienen contratos con el Estado ni a quienes reciban beneficios del sistema de pensiones, incluidas las clases pasivas del Estado o quienes reciban pensiones del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
Para el segundo programa, aún no se ha definido la mecánica para hacer efectivo el pago de los Q2 mil mensuales.
En ese proceso están involucrados los ministerios de Economía y de Trabajo. Mientras que el tercer proyecto será definido bajo criterios del Crédito Hipotecario Nacional (CHN).
La contratación de esa deuda adquirida por el Banco de Guatemala equivale al 1.89 por ciento del producto interno bruto (PIB), y de agravarse la crisis, podrían adquirir Q11 mil millones más, ya que el Estado no debe sobrepasar del 4 por ciento del PIB.
Jornada extensa
La jornada en el Congreso para la aprobación de los Q11 mil millones fue extensa, pues empezó cerca de las 9 de la noche del jueves último, cuando estaba prevista que empezara a las 2 de la tarde.
La ampliación presupuestaria era el punto siete de la agenda propuesta —último punto— a través de una moción privilegiada. Sin embargo, los diputados de oposición lograron que se conociera en el punto 2, ya que no querían aprobar la otra ampliación de Q5 mil 138.9 millones debido a que esta es para funcionamiento del Gobierno y no para la emergencia causada por el covid-19.
Retiran beneficio
Los congresistas también aprobaron una enmienda al decreto 12-2020 del 25 de marzo pasado, en la que retiran de los beneficios de Q400 millones para mipymes a las personas políticamente expuestas, que incluía a empresas de funcionarios de Gobierno y diputados.
Esta propuesta fue hecha por los diputados del bloque Bienestar Nacional (Bien) y tuvo el apoyo de todos los parlamentarios, ya que en la aprobación de la Ley de Emergencia se dejaba la puerta abierta para que empresas de funcionarios fueran beneficiadas, lo que causó críticas.
Servicios se mantienen
Alrededor de las 5 de la mañana de ayer, los diputados aprobaron el decreto 15-2020, con lo que se garantiza la prestación de servicios de agua, cable, luz, teléfono e internet.
Ese beneficio no aplica a usuarios que estén con servicios y cargos moratorios, intereses, gastos administrativos o cualquier otra penalización.
Esa iniciativa había sido presentada por un grupo de legisladores unos días antes. Aunque la propuesta ya se había intentado aprobar adentro de la Ley de Emergencia, fue ahora cuando se logró, y de urgencia nacional.
La aprobación de esta normativa se da a pesar de que las empresas ya habían acordado que no iban a cobrar intereses ni a cortar los servicios.
El CHN se pondrá a disposición para otorgar créditos a las entidades prestadoras de servicio de agua potable y cable, un fondo específico por un monto similar a la cantidad que sume la totalidad de los convenios de pago.
El banco también otorgará créditos con el cargo de fondo de protección de capitales para los centros educativos y universidades que lo requieran para dar cumplimiento al pago de honorarios y nómina de salarios del personal docente, administrativo y de servicios, según corresponda.
Derecho a la identidad
El decreto de ampliación presupuestaria de Q11 mil millones establece que para los efectos de su cumplimiento todo documento personal de identificación (DPI) cuya vigencia expire durante el presente año o haya perdido vigencia será válido para garantizar el derecho a la identificación personal de todos los beneficiarios.
Subsidio al Inde
La bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) planteó en una enmienda que se resten Q270 millones de lo destinado a créditos a empresas para subsidiar directamente a quienes consumen entre cero y 300 klWh de energía, la cual abarca el 81% de los 3.5 millones de usuarios del servicio.
Diputados protestaron porque la directiva cerró la votación cuando estaba a dos votos para que fuera aprobada y demandaron que esta enmienda fuera sometida de nuevo a votación, lo cual no ocurrió.
Sin embargo, luego de más de una hora de discusión, hubo una reunión de jefes de bloques dentro del hemiciclo, de donde surgió otra enmienda para que los Q270 millones pasen al Instituto Nacional de Electrificación (Inde) para que aumente el aporte al subsidio de la tarifa social, el cual fue aprobado con 146 diputados.
Todo lo aprobado por el Congreso tendrá que ser fiscalizado por la Contraloría General de Cuentas en el ámbito de su competencia.
Lo actuado conforme a lo dispuesto en el presente decreto deberá remitirse mediante informe circunstanciado a los ministerios competentes, el CHN, al Congreso y a la Contraloría. Sin perjuicio de lo anterior, dichas instituciones serán responsables de publicar en sus portales respectivos de información pública de oficio los informes remitidos.
Prohíben trabajo de la Prensa
El Congreso sesionó a puerta cerrada, como en otras ocasiones desde que empezó la emergencia por el coronavirus. Sin embargo, desde el jueves, las medidas se extendieron en pasillos y corredores del Palacio Legislativo, por lo que a los comunicadores le fue difícil hacer su trabajo.
El acuerdo político establecido solo detallaba la aprobación de un préstamo para el Ministerio Público de US$60 millones, pero los oficialistas, al presentar la moción privilegiada para alterar el orden del día, incluyeron tres créditos más.
Antes de entrar a votar por el primer préstamo, el diputado Rodolfo Neutze, jefe del bloque Compromiso, Renovación y Orden (Creo), pidió la palabra para alterar el orden del día para aprobar la ampliación de Q11 mil millones, ya que la habían dejado de último, pero no se la dieron. Solo lograron 96 votos, por lo que no fue aprobada de urgencia nacional.
Neutze volvió a pedir la palabra para conocer la iniciativa de Q11 mil millones, y no se la dieron; entonces, los demás diputados también empezaron a gritar, porque querían hablar. Incluso en la negociación política, Álvaro Arzú Escobar recomendó que no era el momento para aprobar la ampliación de Q5 mil millones, pero dijeron que no.
Los diputados empezaron a gritar “uso de la palabra, uso de la palabra, uso de la palabra”. Incluso un grupo de parlamentarios se acercó a la Junta Directiva a exigir ese derecho.
La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) presentó un amparo en la Corte de Constitucionalidad para que se permita el trabajo de los comunicadores, con base en el artículo 35 de la Constitución.
Los bloques que apoyan al oficialismo son Vamos, Visión con Valores, Todos, algunos del Partido Humanista, cuatro diputados de Bien, Unión del Cambio Nacional, Valor, Manuel Conde Orellana —del Partido de Avanzada Nacional— y los diputados disidentes de la Unidad Nacional de la Esperanza.
