Al respecto de estos, precisa el informe, oenegés locales señalaron que el despliegue de los jeeps, que coincidió con el anuncio del presidente Jimmy Morales de no extender el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), pretendía ser una demostración de fuerza, intimidación y un intento de reprimir a la sociedad civil.
En ese sentido, el reporte señala que durante el año pasado, “las autoridades civiles en algunos casos no mantuvieron el control efectivo sobre la PNC, y el gobierno careció de mecanismos efectivos para investigar y castigar el abuso y la corrupción”.
También el hecho de que hubo denuncias de impunidad en contra de las fuerzas de seguridad.
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El reporte precisa que tras la conferencia de prensa del presidente Morales del 31 de agosto, destacados defensores y activistas de los derechos humanos informaron que la Policía los visitó, aparentemente para preguntar sobre sus medidas de protección. Además, periodistas también informaron de sospechosas vigilancias de sus hogares y oficinas en los días posteriores a esa conferencia de prensa.
Los activistas y periodistas, según el informe del Departamento de Estado, interpretaron estas acciones como un esfuerzo para intimidarlos por las críticas emitidas en contra del gobierno a raíz de sus decisiones respecto a la Cicig.
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El reporte indica que aumentaron los ataques contra periodistas independientes y medios de comunicación. Según el Ministerio Público (MP), se presentaron 54 quejas por estos ataques o amenazas, y dos periodistas fueron asesinados desde enero hasta fines de agosto, en comparación de tres asesinatos en todo 2017.
Respecto a la corrupción, el informe señala que, pese a que la ley establece sanciones por estas acciones, “los funcionarios con frecuencia participan en prácticas corruptas con impunidad”. Hubo numerosos informes de corrupción gubernamental durante el año, muchos de los cuales el Ministerio Público, con el apoyo de la Cicig, investigó y procesó por cargos que incluyen lavado de dinero, financiamiento ilegal de partidos políticos y sobornos.
Se destaca la acusación que el MP y la Cicig presentaron en contra del expresidente Álvaro Colom y miembros de su gabinete por el caso Transurbano, y los operativos que se llevaron a cabo por el caso Odebrecht, en los cuales resultó salpicado el excandidato presidencial Manuel Baldizón.
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Estos son otros aspectos a los que se refirió el Departamento de Estado de EE. UU. sobre Guatemala:
- Activistas: al menos nueve activistas indígenas y defensores de los derechos humanos fueron ultimados o murieron en circunstancias controversiales entre mayo y septiembre. Algunos de los hechos parecieron tener motivaciones políticas.
- Prisiones: las condiciones de la prisión son duras y potencialmente amenazantes para la vida, con múltiples casos de reclusos que mataban a otros reclusos. La agresión sexual, el saneamiento y la atención médica son inadecuados, y el hacinamiento grave puso a los presos en un riesgo significativo. Esta sobrepoblación en la prisión sigue siendo un problema. Al 24 de septiembre, según las autoridades penitenciarias, había 24 mil 314 reclusos, incluidas dos mil 645 mujeres, recluidas en instalaciones diseñadas para albergar a seis mil 800 personas. Según las autoridades, desde enero hasta el 31 de agosto, al menos 14 reclusos murieron por causas no naturales mientras estaban en prisión.
- Justicia: el sistema judicial generalmente no proporcionó juicios justos y oportunos debido a la ineficiencia, la corrupción y la intimidación de jueces, fiscales y testigos. Estos continuaron informando sobre amenazas y vigilancia, la mayoría de las veces de organizaciones de narcotraficantes. El poder judicial estimó que el país tenía una proporción de 2.46 jueces por cada 100 mil habitantes, lo que, según observadores internacionales y nacionales, es insuficiente.
- Mujer: según el informe, durante 2018 la Policía mostró una “capacidad mínima” para investigar delitos sexuales o ayudar a los sobrevivientes de tales delitos, y el gobierno no hizo cumplir la ley de manera efectiva. La violación y otros delitos sexuales siguieron siendo graves problemas, así como el abuso infantil, delito por el cual el MP reportó ocho mil 930 informes.
- Niños desplazados: los delincuentes y las pandillas a menudo reclutaron a niños de la calle, muchos de ellos víctimas de abuso doméstico, con fines de robo, extorsión, transporte de contrabando, prostitución y actividades de drogas ilegales.
Senador Leahy y Cicig
Al mismo tiempo que el Departamento de Estado divulgaba su informe sobre derechos humanos, el senador demócrata Patrick Leahy emitían un pronunciamiento en contra de las acciones del Gobierno de Guatemala por no renovar el mandato de la Cicig.
“Esa asociación —Cicig— ha permitido a valientes fiscales guatemaltecos investigar y llevar a juicio los casos que nunca podrían haber seguido sin el ‘escudo’ internacional y la asistencia proporcionada por la Cicig”, señala Leahy en el comunicado.
Agrega que la misión antimafias de la ONU “también ha permitido a valientes magistrados de la Corte Constitucional defender a las débiles instituciones judiciales de Guatemala. En un país donde a lo largo de su historia, funcionarios públicos de alto rango, incluidos oficiales militares han disfrutado de una impunidad casi total por actos corruptos”.
Leahy criticó que la decisión gubernamental de no ampliar el mandato y posteriormente darlo por terminado de forma unilateral se hizo sin previo aviso y “después de meses de negociaciones entre funcionarios guatemaltecos, de la ONU y de Estados Unidos sobre las reformas solicitadas por el gobierno guatemalteco”.
Aseguró que la semana pasada, junto con otro grupo de senadores, introdujo una iniciativa de ley en el Senado y la Cámara de Representantes con el propósito de responder a las acciones flagrantes del gobierno de Morales para subvertir el estado de derecho, incluida su campaña contra la Cicig, y afirma que el mandatario no tiene la autoridad para restringir unilateralmente un acuerdo con la ONU.
“Me preocupa que hay algunos, incluso en la ONU, que creen que la Cicig debería reducir significativamente sus actividades y, para todos los efectos, desaparecer”, agregó Leahy, lo cual consideró “extremadamente preocupante”.
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