Entre los hallazgos señalados en el informe de 2015 resaltan que no hubo control efectivo sobre las fuerzas de seguridad. Corrupción institucional generalizada, especialmente en la policía y la justicia.
Otros problemas fueron los homicidios arbitrarios o ilegales, abuso y maltrato, duras condiciones de reclusión y peligrosas para la vida. No proteger a los funcionarios judiciales, testigos y representantes de la sociedad civil frente a la intimidación y las amenazas del gobierno.
Acá se muestran las principales violaciones a derechos humanos señaladas en el informe:
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La privación arbitraria o ilegal de la vida
Hubo informes de que el gobierno o sus agentes cometieran asesinatos arbitrarios o ilegales de periodistas, activistas de derechos humanos, candidatos políticos y sindicalistas. Al 30 de septiembre, la PNC y su Oficina de Responsabilidad Profesional (ORP), acusaron a nueve agentes de la PNC de homicidio.
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Tortura y actos crueles
Hubo informes creíbles de abuso y otros malos tratos por miembros de la PNC. El 10 de octubre las autoridades detuvieron a los agentes Carlos Pérez Baten, Rogelio Pérez Hernández, Nancy Evelia Rodríguez Alai, y César Augusto Morales Funes, acusándolos de haber torturado a cuatro sospechosos detenidos el 13 de abril.
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Cárceles y centros de detención
Las condiciones de reclusión son duras y potencialmente mortales, con múltiples casos de reclusos que matan otros internos. No hay casos investigados o juicios llevados a cabo. El hacinamiento en las prisiones continúa siendo un problema. Los funcionarios de prisiones continuaron reportando una pérdida de seguridad y control, incluyendo intentos de escape, peleas entre pandillas, la incapacidad para controlar el flujo de mercancías de contrabando en las prisiones, y la fabricación de armas. De enero a noviembre, al menos 37 presos murieron de causas no naturales en la cárcel.
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La policía y la seguridad
El nivel de impunidad de las fuerzas de seguridad acusados ??de cometer delitos era alta. En los casos que implican a las fuerzas policiales, la ORP es responsable de las investigaciones internas, y el Ministerio Público es responsable de las investigaciones externas. Las autoridades detuvieron a unos 210 oficiales de policía a noviembre, en comparación con 520 en 2014. Durante el año hubo 31 denuncias de extorsión de la policía y 856 por abuso de autoridad.
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Denegación de un juicio público justo
El sistema judicial no pudo proporcionar juicios justos u oportunos debido a la ineficiencia, la corrupción, la falta de personal, y la intimidación de jueces, fiscales y testigos. A finales de septiembre, el fiscal especial para delitos contra los trabajadores judiciales recibió 202 denuncias de amenazas o agresiones contra los trabajadores de la rama judicial, en comparación con 171 para el mismo período en 2014.
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Corrupción y la falta de transparencia en el gobierno
La Oficina del Contralor General y el Ministerio Público son responsables de la lucha contra la corrupción. A principios de noviembre, el Ministerio Público informó que al menos 602 funcionarios públicos fueron detenidos durante el año por la corrupción y / o abuso de autoridad.
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Discriminación, abusos sociales y trata de personas
La violación y otros delitos sexuales siguieron siendo problemas graves. Según el Ministerio Público, había 11.449 informes de asalto sexual o físico a través de octubre. Durante el mismo período, hubo 527 condenas por asalto sexual o físico en las mujeres.
