La actual Junta Directiva del Congreso se ha caracterizado por dar marchar atrás, retirar de la agenda o pedir opiniones jurídicas sobre propuestas que han generado controversia, como el caso de la iniciativa de ley 6076, denominada Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas de Seguridad Pública y el Ejército, la cual regula el uso de la fuerza pública, pero que detuvo su avance hasta tener una opinión y conocer si tiene alguna inconstitucionalidad.

Lo anterior se dio como resultado de las exigencias hechas por los 48 Cantones de Totonicapán, cuyos representantes pidieron que esta fuera anulada.

Anteriormente, la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, también tomó la decisión de pedir una opinión jurídica sobre una serie de ascensos y aumentos que se hicieron por la anterior Junta Directiva, pero que siguen vigentes, ya que aún está pendiente el informe de una auditoría de la Contraloría General de Cuentas.

Además, también fue sacada de la agenda en mayo pasado la iniciativa que buscaba crear la Ley para el Rescate del Patrimonio Prehispánico, la cual debe ser discutida con varios sectores.

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Opiniones

Luego de la decisión de suspender el avance de la iniciativa 6076 se consultó a algunos jefes de bloque del Congreso y fueron distintas las interpretaciones en cuanto a la decisión.

A criterio de la jefa del bloque Semilla, Ligia Hernández, lo que se observa en la actual junta directiva es una “práctica que se está institucionalizando”, en respuesta a las protestas ciudadanas; sin embargo; cuestiona el actuar de los diputados al tratar de aprobar estas leyes.

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“Lo que hacen con esta actitud, la Junta Directiva y la presidenta (Shirley Rivera), es poner en evidencia que están actuando a espaldas de la población sin escuchar ni evaluar la conveniencia social de las leyes y únicamente obedecer a la agenda del Ejecutivo”, manifestó Hernández.

A decir de la jefa del bloque Winaq, Sonia Gutiérrez, a su criterio, este tipo de decisiones lo único que hacen es desgastar de forma innecesaria al Congreso, ya que no se debió llegar a estos extremos, considerando que desde un inicio se han planteado los argumentos que a su criterio no hacen “viable” la iniciativa.

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“Preocupa en lo particular, sí, porque se han tenido los argumentos legales políticos con los cuales no es viable, pero ahí la insistencia cuando quieren quedar bien con algunos de sus miembros diputados. Nosotros vamos a estar muy de cerca para velar que se cumpla el compromiso”, dijo Gutiérrez.

Mientras tanto, el jefe del bloque Creo, Óscar Chinchilla, aseguró que, a su criterio, la decisión fue “prudente” en este momento para hacer una revisión de la iniciativa; sin embargo, cuestiona que hace poco más de dos años se recibió en el Congreso una iniciativa para liquidar a la SAAS y ahora se le incluya en la iniciativa 6076 para fortalecerla.

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“Nos llama la atención ese tema, que creería yo que lo deberían de considerar las personas que fueron delegadas para hacer el análisis (de la iniciativa 6076)”, dijo Chinchilla.

En tanto de la jefatura de Vamos se indicó que comparten los criterios de la presidenta del Congreso, Shirley Rivera.

El jueves pasado, Rivera dijo a Prensa Libre y Noticiero Guatevisión: “He dado la instrucción a la Dirección de Asuntos Jurídicos que analice si existen las inconstitucionalidades que manifiestan los 48 Cantones, por lo que esperaremos tener el dictamen respectivo para que la instancia de jefes de bloque y el honorable pleno, como órgano máximo del Congreso de la República tomen la decisión”.

La iniciativa que recibió dictamen la semana pasada por la Comisión de Gobernación, que dirige el diputado Boris España, fue agendada para el martes pasado por la Instancia de Jefes de Bloque, pero ese día el diputado Bernardo Arévalo, de la bancada Semilla, propuso una moción verbal para que la iniciativa regresara a la Comisión de Gobernación y a la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional; sin embargo, 93 diputados votaron en contra, 33 a favor y 34 estaban ausentes.

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Arévalo expuso que la propuesta tiene errores de “concepción” que confunden en la interpretación en cuanto a las funciones de las fuerzas de seguridad, por lo cual era necesario que se hiciera una nueva revisión.

“Lo que busca es callar a la población que con mucho derecho legítimo hoy está actuando. Diputados, no seamos los enemigos del pueblo”, dijo ese día Gutiérrez.

Mientras tanto, otros diputados cuestionaron la viabilidad legal si se aprueba, y aseguran que la intención de la propuesta es contrarrestar las manifestaciones.