También son convocados por separado el auditor e inspector del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el director del Registro de Ciudadanos (RC) y el Intendente de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos.
Enseguida deberá acudir el fiscal de Delitos Electorales del MP, la contadora del FCN-Nación, el representante del partido oficialista y luego el presidente Morales.
La jornada concluye con una audiencia a la presidenta del Tribunal Electoral.
El cronograma establece para el próximo sábado la recepción de información que solicitará la comisión legislativa y su respectivo análisis.
Ixcamey matizó hoy que “no estamos obligados a cumplir el cronograma”, porque puede ser que alguna de las partes envía tarde o no remite la información solicitada.
El próximo domingo, la comisión de cinco diputados opositores se reunirá para discutir y aprobar el informe circunstanciado y luego remitirlo al pleno del Congreso.
El FCN-Nación, del que Morales fue su secretario general en 2015, habría ocultado financiación por Q2,3 millones y se gastó Q4,4 millones en pauta publicitaria sin haber explicado a la autoridad electoral el origen de los fondos, según la investigación preliminar.
Financiamiento
El 16 de julio del 2015, el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez, presentó un informe sobre el financiamiento de la política en Guatemala, en el que se destaca que la corrupción es la principal fuente de financiamiento de los partidos políticos.
En el informe, la Comisión refiere que el crimen organizado y el narcotráfico pueden ser financistas de la política, además de empresarios, que aunque han reducido su participación, esta sigue siendo determinante, sobre todo por la influencia que les permite tener en el Congreso y el Ejecutivo.
Se mencionó también el papel determinante del monopolio de la televisión nacional.
Velásquez indicó que en los informes que los partidos políticos presentan al Tribunal Supremo Electoral nunca se lee el nombre o la cantidad del aporte de empresas o empresarios, y recordó que “todo financiamiento y cualquier aporte que se haga de forma anónima es un delito”.
