Prensa Libre analizó los problemas de los 10 municipios del país que más población tienen, según las proyecciones que el Instituto Nacional de Estadística elaboró con base al Censo de Población y Vivienda 2018.
De estos municipios, cuatro se encuentran en el departamento de Guatemala, dos en Alta Verapaz, y en Quetzaltenango, Jalapa, Escuintla y Jutiapa se localizan los otros.
En total, en estas jurisdicciones habitan más o menos tres millones 778 mil guatemaltecos, el 21% de la población. La mayor parte pertenece al municipio de Guatemala, donde habita un millón 221 mil personas.
Las elecciones supondrán en algunos municipios el cambio de sus autoridades, pero a juzgar por la historia reciente del país, no necesariamente representarán un giro al abordaje que se hace de los principales problemas que afectan a los pobladores.
El manejo de los residuos sólidos, el de las aguas residuales, así como el aumento del tráfico vehicular y el transporte urbano son de los principales problemas que enfrentan estos municipios, en algunos hay intentos por enfrentarlos, pero han sido insuficientes.
En el caso de los dos primeros enfrentan el desafío de que no son temas sensibles y por lo tanto tienen un bajo impacto político. Es decir, la gente produce basura y aguas negras y solo se deshace de ellas, luego ya no quiere saber nada más.
Aguas residuales
El tratamiento de las aguas residuales es uno de los problemas de nunca acabar, con el aumento de la población sube la cantidad de aguas que se ensucian, gran parte estas son descargadas hacia cuerpos de agua sin ningún tratamiento.
El pasado 20 de junio, en una citación en el Congreso, autoridades del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn) indicaron que hoy en día solo 287 plantas de tratamiento funcionan de 530 de han sido construidas. Eso quiere decir no hay ni siquiera una por cada municipio.
Según el Código Municipal, las comunas son las responsables del tratamiento de las aguas residuales que producen. Se calcula que el 95 por ciento de los cuerpos de agua están contaminados lo cual tiene serias repercusiones en la salud y la nutrición de los guatemaltecos.
Por ese motivo en el 2006 el Marn emitió el acuerdo gubernativo 236-2006, Reglamento de las descargas y reúso de aguas residuales y disposición de lodos, en donde se dan todas las especificaciones para la construcción de plantas de tratamiento y los parámetros para el manejo de estas. Según el artículo 24 de esta norma, todas las municipalidades deben contar con sistemas para tratar el agua.
Sin embargo, la entrada en vigor de dicho artículo se ha prorrogado en varias ocasiones, la más reciente en diciembre del 2019, que pone como plazo para que las comunas cuenten con estas plantas hasta el 2 de mayo del 2023. Mientras tanto, con pocas excepciones, los municipios siguen contaminando los recursos hídricos.
Basura al agua; mal de todos los años
Con el manejo de los residuos sólidos ocurre lo mismo. Pocas municipalidades tratan la basura que generan sus vecinos, y a lo sumo tienen áreas destinadas a ser vertederos, con las consecuentes ambientales que esto representa.
Según datos al 2019 del Marn, solo había 36 infraestructuras construidas, una en construcción y tres más en gestión de construcción. Además, había una que estaba en gestión de rehabilitación y que se ubica en Alotenango, Sacatepéquez.
De acuerdo con el Marn, también hay 85 “instrumentos ambientales” aprobados para proyectos de plantas de tratamiento o disposición final de residuos y desechos sólidos.
Con la llegada del inverno, las imágenes de enormes cantidades de basura que llegan al lago de Amatitlán y al río Motagua son el ejemplo de la cultura del guatemalteco de lanzar a los barrancos o a la calle la basura, pero principalmente del escaso tratamiento que las comunas hacen de los desechos sólidos.
La basura vertida en el Motagua llega hasta las costas hondureñas, a pesar de los esfuerzos por detenerla con la instalación de trampas o biobardas.
El año pasado, en otro intento por poner el punto de partida para el saneamiento de los cuerpos de agua, el Marn emitió el acuerdo gubernativo 164-2021, Reglamento para la gestión integral de los residuos y desechos sólidos comunes.
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Este ordena que, a más tardar en agosto de 2023, todos los guatemaltecos deberán separar la basura que generen. Además, da lineamientos de primer mundo para el manejo, transporte, reciclaje y disposición final de los desechos.
Aunque el Reglamento es ambicioso se teme que ocurra lo mismo que con el del tratamiento de aguas, en el sentido de que se prorrogue la entrada en vigor de los artículos que obligan a las comunas la construcción de plantas de tratamiento.
Los alcaldes aseguran que las comunas no poseen suficientes recursos. Según estimaciones recientes una planta de tratamiento de aguas residuales podría costar Q1.5 millones, mientras que, para tratar los desechos sólidos, la Autoridad para el Manejo Sustentable de al Cuenta del lago de Amatitlán, construye una que costará Q24 millones.
Pero aparte de la construcción también se necesitan recursos para su mantenimiento y funcionamiento.
Transporte, tráfico y agua: otras deudas pendientes
El abastecimiento de agua y el transporte urbano son otros dos problemas a los que no se les encuentra una solución permanente, pese a que estos sí repercuten directamente en los vecinos. Estos problemas se agravan en la medida que los municipios son más poblados.
En la capital son más recurrentes las quejas por falta de agua entubada y aunque, en su momento el Transmetro fue una solución innovadora para el transporte de las personas, es insuficiente.
Los sistemas municipales para movilizar a las personas han sido emulados en otras jurisdicciones como Mixco y Villa Nueva, pero se topan con la falta de infraestructura que hacen que el servicio sea muy lento.
Al resultar el transporte público en insuficiente, inseguro, incómodo y tardado la población opta por utilizar vehículo o comprar motocicleta lo que agrava la problemática de tráfico vehicular y aumenta el gasto en salud por la recurrencia de percances.
No ha habido planificación
Florentín Martínez, profesor titular del Centro de Estudios Urbanos y Regionales (Ceur), expuso que muchas municipalidades han abandonado el concepto de planificación lo que explica, en parte, la deficiencia de los servicios públicos que están obligadas a proveer.
Muchas comunas probablemente ni siquiera tienen una oficina de planificación, como lo manda el Código Municipal, lo que ha chocado con poblaciones más grandes que requieren de más servicios.
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El analista indicó que el concepto de planificación se abandonó a principios de los años 80 cuando corrientes neoliberales debilitaron las instituciones públicas con el argumento de que el Estado no es un buen administrador. Con el paso de los años, las consecuencias en las comunas se evidenciaron con malos servicios y mala planificación.
Es hasta este siglo cuando la planificación vuelve a verse como una necesidad ya cuando hay mucha presión sobre los servicios públicos, añadió Martínez, sobre todo en municipios grandes como los ubicados en el departamento de Guatemala.
Solo en esta jurisdicción se genera el 27 por ciento del total de empleos que hay en el país. “Toda esta gente necesita movilizarse, un medio de transporte y la infraestructura que tenemos es de hace 50 años”, añadió.
La descentralización de los centros económicos podría ser una solución, pero que tomaría años, quizás décadas para alcanzarse, mientras que desincentivar el uso de vehículos particulares solo se logrará con un transporte público eficiente.
Martínez dijo que la planificación es crucial para mejorar la calidad de vida de los habitantes de un municipio, pero lamentó que “a veces los funcionarios se encaminan hacia otros objetivos y no por las verdaderas necesidades de la población” que “pasan a segundo término”.
“Lo que se priorizan son las necesidades de los funcionarios. Entonces, yo no planifico si no tengo un beneficio particular, más en esta temporada que se avecina —las elecciones generales—, si no tengo un rédito político no lo priorizo”, enfatizó.
Herramientas
Los alcaldes tienen muchas herramientas para cumplir con sus obligaciones como el manejo de los desechos, el transporte e incluso, atraer inversiones y generar empleo, aseguró Luis Velásquez, exsecretario de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, instancia que se encarga de coordinar a los consejos de desarrollo de los 340 municipios.
Además del Código Municipal, mencionó a la Ley de Descentralización y la de Consejos de Desarrollo como las herramientas para hacer próspero a un municipio. Lo que sucede, remarcó, es que muchos alcaldes no se preparan y desconocen los insumos que pueden utilizar en favor de sus vecinos.
Velásquez dijo que un alcalde debe tener vocación política de servir, no de servirse, prepararse, actuar con transparencia, contar con liderazgo que le permita trabajar con toda la población y tener la capacidad de atraer a otros actores del Estado para concretar planes en favor de la población.
“Un alcalde que quiera trabajar tiene todas las herramientas, lo que sucede es que se ha perdido la mística de ser políticos de verdad, de usar las ciencias políticas para ayudar y servir y no para enriquecerse personalmente o hacer las cosas a medias”, señaló el exsecretario.
Obras de maquillaje y obsequios
Pero muchos alcaldes se centran en promover actividades y obras que no resuelven los grandes problemas de la población.
Luis Linares, analista de la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales (Asíes), incurren en gastos que no les competen, pero que les garantizan popularidad. Hay municipalidades terminan financiando equipos de futbol, construyen estadios o dan obsequios o regalan fertilizantes sin una planificación técnica.
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“Por otro lado no atienden, o lo hacen con muy poca eficiencia, las tareas fundamentales de un municipio. La basura y los drenajes son fundamentales para una buena calidad de vida, pero Guatemala se ha convertido en un basurero completo, y es responsabilidad de las comunas”, expuso Linares.
Pero problemas como las aguas residuales y la basura se esconden o no trascienden a los medios de comunicación hasta que estallan como con la contaminación de las playas del caribe por el río Motagua o el agujero del kilómetro 15 de Villa Nueva.
“Entonces vienen las excusas de que fue una falla geológica y otras cosas y con eso tratan de disculparse con la gente”, indicó el entrevistado, para quien, una de las soluciones es que los vecinos exijan el cumplimiento de las obligaciones municipales.
Se intentó conocer una opinión de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), pero no respondieron a una solicitud de comentarios.
Elecciones
En seis meses los candidatos a alcalde ya estarán en campaña, pero es muy probable que no ofrezcan soluciones integrales a los problemas de fondo.
“Los votantes no tenemos ciudadanía y compra lo que le ponen enfrente”, remarcó el analista de Asíes. Y si uno no exige un servicio de calidad, quien lo presta se acostumbra a hacerlo así.
Pero tenemos una ciudadanía que no exige, que se contenta con un obsequio del alcalde “y no repara en el hecho de que todo eso que regalan en campaña es a costa de una buena administración al servicio del ciudadano”, concluyó.
Velásquez espera propuestas municipales serias porque “la gente está cansada de la clase política que le ha fallado”. Alguien que aspire a dirigir un municipio, remarcó, debe prepara un plan de gobierno para el corto, mediano y largo plazo, con costos, inversiones, indicadores, cronograma de resultados y rendición de cuentas.
