En la misiva, los representantes expresan su preocupación por los recientes “acontecimientos en Guatemala que afectan la gobernabilidad democrática y el Estado de Derecho en el país”, por lo que solicitan que se convoque a una sesión extraordinaria del Consejo Permanente para el lunes 4 de diciembre de 2023, con el propósito de abordar las acciones tomadas por el Congreso de la República en contra de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), a quienes despojaron de su inmunidad.
El motivo principal de la solicitud es la votación del Congreso guatemalteco el 30 de noviembre para retirar la inmunidad a cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Esta medida se tomó, según los representantes, “tras meses de acciones antidemocráticas y corruptas encaminadas a socavar la voluntad del pueblo guatemalteco y anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2023”.
Se argumenta que estas acciones son contrarias a “la Carta Democrática Interamericana y constituyen una continuación de las acciones de actores corruptos encaminadas a socavar la transferencia pacífica y democrática de poderes al presidente electo Arévalo y al vicepresidente -Karin- Herrera”.
Además, se señala que estas acciones atacan a quienes tratan de defender la democracia en Guatemala.
La solicitud de sesión extraordinaria se fundamenta, según los firmantes, en la Carta Democrática Interamericana, que “prevé la acción inmediata del Consejo Permanente mediante la evaluación colectiva de la situación y la adopción de decisiones necesarias para la preservación y consolidación del sistema democrático”.
En la carta se pide al presidente del Consejo Permanente que disponga lo necesario para la traducción y distribución inmediata del documento a todas las delegaciones miembros de la OEA.
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En representación de la Misión Permanente de Estados Unidos, los firmantes de la carta son: el embajador Josué Antinoe Fiallo Billini Portorreal, representante permanente de República Dominicana; el embajador Sebastián Kraljevich Chadwick, representante permanente de Chile; la embajadora Alejandra Solano Cabalceta, representante permanente de Costa Rica; el embajador Francisco O. Mora, representante permanente de Estados Unidos; y el Embajador Washington Abdala, representante permanente de Uruguay.
Una copia de la carta también se envió al Embajador Nestor Mendez, Secretario General Adjunto de la OEA.
Congreso retira inmunidad a magistrados
La decisión de retirar la inmunidad a los cuatro magistrados, Irma Palencia, Ranulfo Rojas, Mynor Franco y Gabriel Aguilera, fue aprobada en el Congreso, dominado por el oficialismo, llegada la media noche del pasado 30 de noviembre.
Se aprobó ajustadamente por 108 votos a favor, de los 107 que eran necesarios; 26 diputados votaron en contra.
El Ministerio Público (MP) presentó inicialmente ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la solicitud contra ocho de los magistrados del TSE por la supuesta sobrevaloración de un sistema informático de transmisión de resultados electorales; sin embargo, cuatro de ellos fueron beneficiados por un amparo.
En noviembre de 2023, la Fiscalía también pidió quitarle la inmunidad al presidente electo Bernardo Arévalo y a la vicepresidenta electa Karin Herrera, lo que aumentó la incertidumbre de su toma de posesión que se aproxima y está prevista para el 14 de enero de 2024.
Ahora, la petición del retiro de antejuicio contra Arévalo y Herrera debe ser avalado por la CSJ antes de ser debatido en el Congreso.
Arévalo ha declarado públicamente que el MP buscaría orquestar un “golpe de Estado” para impedir que asuma el cargo.
Salida del país y sanción de EE. UU.
Horas después de que el Congreso les quitó su inmunidad, tres de los cuatro magistrados abandonaron este mismo viernes 1 de diciembre el territorio guatemalteco.
Los magistrados Rojas, Franco y Aguilera registraron movimiento migratorio de salida del país, confirmó el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM).
Horas más tarde se confirmó la salida del país de Irma Palencia, expresidenta del TSE.
En ese contexto, también este 1 de diciembre, Estados Unidos sancionó por corrupción a Luis Martínez, a quien describió como colaborador cercano del presidente Alejandro Giammattei.
Martínez, exdirector del Centro de Gobierno, es acusado de influencia indebida en contratos gubernamentales y de que habría solicitado “grandes sobornos” en la compra de las vacunas Sputnik V.
Estas sanciones, informó el Departamento del Tesoro, bloquean sus propiedad y activos en el país norteamericano.
“Martínez buscó aprovechar su posición privilegiada para beneficio personal a expensas del pueblo guatemalteco”, afirmó el subsecretario de Inteligencia Financiera del Tesoro estadounidense, Brian Nelson.
El Tesoro criticó además en el comunicado “los actos de corrupción antidemocráticos que amenazan la transición de poderes en Guatemala”.
