Dos acuerdos gubernativos respaldan la decisión presidencial de proteger a expresidentes, exvicepresidentes, exministros de gobernación y exviceministros de esa cartera, así como a los exdirectores del Sistema Penitenciario, de Inteligencia y de Policía Nacional Civil (PNC), se trata de los acuerdos 445-2000 y 522-2011.

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Sin embargo, no se tiene claridad de la forma en que se financia esta obligación ya que el exministro de Gobernación Carlos Menocal afirma que existe una partida presupuestaria para ello, pero el viceministro técnico de Finanzas señala que no es así y que se trata de una decisión interna de Gobernación.

Además, de parte de la cartera del Interior y de la Policía Nacional Civil (PNC) no se obtuvo respuesta a las consultas efectuadas por Prensa Libre, a pesar de que el ministro Enrique Degenhart aseguró que atendería las llamadas.

Menocal explicó que de parte de la cartera de Gobernación el impacto financiero es mínimo debido a que se cuenta con una unidad ejecutora específica que contempla la seguridad para los funcionarios, exfuncionarios y diplomáticos. Además, la unidad de Protección de Personas y Seguridad tiene asignadas patrullas y agentes de la PNC especializados.

Por su parte, el viceministro técnico de Finanzas Kildare Enríquez indicó que esta unidad se creó por un reglamento propio de la cartera y que no existe una categoría o un renglón específico que se pueda revisar con Finanzas para establecer el monto asignado.

Para aclarar las dudas se solicitó información a Degenhart y se intentó conversar con Pablo Castillo, vocero de la Pnc para conocer la cantidad de efectivos y presupuesto asignado para esas tareas. El ministro dijo que respondería a las consultas, pero ya no contestó las llamadas ni los mensajes que se le enviaron, Castillo no respondió a las llamadas.

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Trabajo para la Contraloría

El control de ese gasto debe estar a cargo de la Contraloría General de Cuentas, afirma el analista en seguridad Lizandro Acuña, quien recuerda que todo ministerio debe tener contemplado en su presupuesto la erogación de estos gastos, pues de lo contrario, sin planificación, será más difícil transparentar y fiscalizar el uso de ese dinero.

Para evitar ese tipo de inconsistencias en el gasto, la Contraloría debe revisar y evitar la discrecionalidad en la erogación de fondos del Estado, reitera Acuña.

Prensa Libre también revisó, en el portal de Transparencia del Ministerio de Finanzas, el dinero asignado a la Subdirección General de Estudio y Doctrina de la Policía Nacional Civil, a donde pertenece la División de Protección de Personas y Seguridad.

Dicha subdirección tiene un presupuesto vigente de Q57 millones 831 mil 302, de los cuales se ha erogado el 12.47%, pero no se pudo determinar cuánto de este monto es para la seguridad de los exfuncionarios.

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Así funciona

Con el Acuerdo Gubernativo 445-2000 se estableció la necesidad de proteger a los exministros de Gobernación y sus viceministros; sin embargo, dejaba a discreción de las autoridades el uso de vehículos, pago de combustible y asistencia de agentes de la PNC, por lo que algunos tenían hasta 60 personas para su cuidado, 10 vehículos y combustible todos los días.

Con la reforma a este acuerdo, contemplada en el Acuerdo Gubernativo 522-2011, se estableció que el exministro podía tener asignado hasta tres vehículos y los exviceministros hasta uno; además, el combustible se podía solicitar dos veces por semana.

La seguridad se brinda tanto al exfuncionario y a la familia (esposa e hijos) durante un periodo de 5 años, pero, luego de un estudio de riesgo ese plazo se puede ampliar.

Los agentes a cargo de la seguridad de los exfuncionarios están especializados en la protección a personas.

Acuña señala que en otros países se da protección a quienes dejaron de desempeñar un cargo y que por esa labor están expuestos a riesgos, como el combate al crimen organizado y narcotráfico, pero en algunos casos se exagera con dicha seguridad.

“En algunos casos, en Guatemala, los funcionarios llegaron a tener hasta 78 personas a su disposición para su seguridad”, indicó el analista.

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Para Acuña es necesario establecer límites razonables para esta seguridad pues los agentes de PNC deben cumplir con su labor de brindar seguridad a la población.

En el MP

En el 2017, la entonces fiscal general Thelma Aldana firmó el acuerdo 80-2017 con el que se estableció que tendría seguridad luego de dejar el cargo, además de vehículos blindados y gasolina por un periodo de 5 años.

Este acuerdo ha sido cuestionado y este 20 de septiembre el diputado Juan Ramón Lau, de la bancada Todos, solicitó la derogación.

Según Lau, debido a esta directriz, se comete un “grave abuso que se está cometiendo con los recursos de esa institución al realizar gastos ilimitados e indefinidos, dejando de utilizarlos en el cumplimiento de las funciones y fines de esa institución”.

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