Los obispos remarcaron en que los vicios en la política ponen en peligro la paz social, acentúan problemas como la pobreza y la desigualdad social que a su vez empujan la migración forzada.
“La actual crisis de las instituciones del Estado no hace más que agravar la precariedad de vida de la población y su tendencia a la migración”, subraya la CEG; quien, de nuevo, llama a la población a continuar la lucha contra la corrupción e impunidad.
Los obispos hicieron un especial llamado a la elección de diputados al Congreso de la República, institución que tiene una importante función e influencia en la vida política y que “requiere un saneamiento radical”, necesidad que queda demostrada al ser una de las instituciones que tiene menos prestigio.
Remarcaron en que la legislatura saliente será la encargada de elegir magistrados de las cortes Suprema de Justicia, aunque los diputados que se elijan en junio elegirán a los de Apelaciones.
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La CEG añadió que las próximas autoridades tendrán que dar continuidad a los Acuerdos de Paz, y tienen el reto de centrar su atención “en el cuidado y respeto a la vida y la familia” lo que, a su parecer, implica el rechazo de ideologías que atenten contra la familia, el matrimonio y la vida.
Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Julio Solórzano, manifestó que respetan el criterio emitido por los obispos, sin embargo, el análisis que tienen que hacer sobre las candidaturas de personas señaladas es jurídico.
“Respetamos el criterio emitido por los obispos, pero hay un tema normativo y jurídico, Cada caso es distinto. Entiendo que los guatemaltecos quieren candidatos probos, por eso es que debemos de analizar caso por caso. No hay un tiempo para resolver, incluso después de una elección no se les han adjudicado los cargos”, refirió Solórzano.
EE. UU. los requiere por narcotráfico
El pronunciamiento de los obispos se da en medio de una coyuntura en la cual candidatos a cargos de elección popular para alcaldes, diputados e incluso un candidato presidencial tienen señalamientos de EE. UU. por nexos con el narcotráfico.
Mario Estrada, por ejemplo, excandidato presidencial por la Unión del Cambio Nacional, fue detenido en Miami, EE. UU., el pasado 17 de abril sindicado de conspirar para traficar drogas y armas a ese país.
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Estrada, incluso, tenían planes de eliminar a dos candidatos para allanarse el camino a una victoria electoral. Ya en el poder, según las pesquisas de la DEA, abriría las puertas del país para facilitar el trasiego de droga al Cartel de Sinaloa, cuyos sicarios se encargarían de eliminar a sus rivales políticos.
Días después, el 22 de abril, la Policía Nacional Civil detuvo a Julio José Rosales Morales, quien buscaba una diputación con el partido Visión con Valores (Viva) por el departamento de Retalhuleu.
A Rosales lo requiere la justicia de Texas, EE. UU. por conspiración para fabricar y distribuir heroína con intención y producir y distribuir un kilogramo o más de heroína. Está pendiente su extradición.
Agregado a los casos anteriores, el 26 de abril se conoció que la DEA hizo la solicitud de extradición del alcalde de Ayutla, San Marcos, Érick Salvador Súñiga Rodríguez, también por supuestos delitos relacionados con narcotráfico.
El Ministerio Público explicó que Súñiga es requerido por la justicia estadounidense para que comparezca ante el Tribunal Distrital del Este de Texas, aunque goza de inmunidad por el momento, por ser alcalde municipal, motivo por el cual se pidió antejuicio.
El alcalde buscaba la reelección con un comité cívico.
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