La aprobación de esa iniciativa que se convirtió en la “Ley para Fortalecer el Mantenimiento y Construcción de Infraestructura Estratégica” fue duramente criticada por la oposición, cuyos diputados aseguran que es una estrategia de parte del Gobierno para “saquear las arcas del Estado”, pues recientemente fue aprobado el Presupuesto General de la Nación y el CIV contaba con más de Q5 mil millones.
La fuente de financiamiento para esta ampliación vendrá, según la iniciativa, del saldo que no se ejecutó en 2021, que asciende a aproximadamente Q12 mil millones.
De acuerdo con lo aprobado por el Congreso, la Dirección General de Caminos (DGC) recibiría Q1 mil 286 millones 809 mil 853.90; la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial), Q1 mil 748 millones 670 mil 146.10; la Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE), Q120 millones y el Fondo Social de Solidaridad (FSS), Q35 millones 762 mil 500.
Según datos del Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), hasta los primeros días de marzo dichas entidades no habían ejecutado ni el 20% de su presupuesto, pero ahora cuentan con más de Q3 mil millones más.
La iniciativa de ley se presentó a Dirección Legislativa el pasado 1 de marzo con la firma de los diputados oficialistas Shirley Rivera, presidenta del Congreso, Mynor Mejía y Carlos Roberto Calderón.
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Críticas
Diputados de oposición criticaron la iniciativa y señalan que son estrategias “corruptas”, pues no hay explicación para hacer una ampliación presupuestaria a una cartera con baja ejecución de los recursos recientemente aprobados.
El diputado de la bancada Semilla, Ramán Castellanos, dijo ante el pleno que no apoyaron la iniciativa porque es “es una estrategia para saquear el Estado”.
Una opinión similar tiene el parlamentario Édgar Bátres, de la bancada Winaq, quien señala que se ha dicho mucho acerca de cómo se invertirán los fondos, pero asegura que el CIV ha demostrado incapacidad durante los dos años del gobierno actual.
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Agregó que espera que se cumpla con todo lo que han dicho.
La diputada Lucrecia Hernández también criticó la iniciativa y señaló que hay otras prioridades en el país como para haberle hecho una ampliación al presupuesto del CIV.
En tanto, parlamentarios oficialistas aseguran que la infraestructura vial de Guatemala requiere de una fuerte inversión y que con la asignación de esos recursos se podrán hacer las correcciones necesarias para lograr que las rutas del país sean competitivas, pues en la iniciativa se incluye la construcción y reparación de varios puentes.
Estrategia política
Karin Slowing, experta en gestión pública, dijo recientemente que esa iniciativa se tenía que leer como una estrategia política de cara a los comicios generales del 2023, pues es injustificable que tras la aprobación de un presupuesto anual el CIV ya necesite más fondos.
“Esto hay que leerlo en el contexto de que necesitan preparar los recursos para la campaña político electoral que viene, el mecanismo ya conocido para ese tipo de posibilidades es la inversión pública en territorios, hay que entender de esta manera esa iniciativa como una anticipación al escenario electoral”.
El año pasado el Pleno del Congreso consiguió una aprobación presupuestaria para el 2022 por lo que estos proyectos contemplados en la iniciativa 6043 tuvieron que ser tomados en cuenta, según la lectura de Irene Flores, experta del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien).
“Comparamos la cantidad de contratos adjudicados en la Dirección General de Caminos y Covial donde vemos una tendencia clara en que suben las adjudicaciones, cantidad de contratos y modificaciones suben cerca de periodos electorales y de periodos de desastres naturales, comparando los datos, hay correlación, lo que no le puedo decir es que sea causal pero despierta dudas”, refirió.
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En tanto, Edie Cux, director de Acción Ciudadana (AC), dijo que los antecedentes del CIV no son los mejores, por lo que pretender una ampliación de este tipo en año preelectoral tan solo le genera dudas.
“No hay mejoras en las carreteras, simplemente hemos visto escándalos muy fuertes que involucran a constructoras que son las favoritas de este gobierno, creo que cualquier argumento que puedan dar es tratar de justificar un cambio que tan solo va a venir a beneficiar a la clase política”, agregó Cux.
