El documento está compuesto por 12 acuerdos, suscritos de 1991 a 1996, entre los cuales hay “varios” relacionados con los derechos humanos y mecanismos “para su respeto y protección”.
En el “Informe Anual Circunstanciado: Situación de los Derechos Humanos y Memoria de Labores 2014”, el PDH ya había recomendado “garantizar la gratuidad absoluta” en la educación de la niñez y juventud, proporcionando “cobertura y calidad” educativa conforme a los Acuerdos de Paz.
También señaló que la presencia “permanente” del Ejército en temas de seguridad pública “contraviene” los Acuerdos de Paz, en el sentido de que “la seguridad ciudadana es competencia exclusiva de las fuerzas civiles policiales y dificulta el fortalecimiento del poder civil”.
A juicio de De León, estas circunstancias, sumadas a la inseguridad ciudadana y el crecimiento de la pobreza, provocan que la población “no vea respuestas positivas” en materia de cumplimiento de estos acuerdos.
Los acuerdos de paz comprometían al Estado de Guatemala a fortalecer su sistema democrático y a promover el desarrollo económico y social de su población, entre otros puntos.
Guatemala es una de las cinco naciones más violentas del mundo y sus índices de desarrollo se encuentran dentro de los más bajos de la región, según organismos internacionales.
El conflicto armado, entre 1960 y 1996, dejó alrededor de 45 mil personas desaparecidas, otras 200 mil asesinadas y un millón de desplazados internos.
