El 10 de abril se conoció el asesinato de José Daniel Rodríguez, columnista del diario digital República GT, quien fue encontrado con señales de violencia y envuelto en una sábana en la zona 9 capitalina.
Otro caso de gravedad sucedió en octubre, cuando el colaborador de un medio de comunicación de circulación nacional recibió amenazas de muerte en Santa Rosa.
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En Alta Verapaz, Rolanda García, colaboradora de la cadena Telesur, recibió amenazas.
Además, el Observatorio registró casos de seis casos de obstrucción a la fuente de información, cinco intimidaciones, cuatro casos de difamación, cuatr casos de amenazas, tres agresiones verbales, tres casos de agresión material, tres asesinatos, dos casos de acoso judicial, dos ataques cibernéticos, una detención arbitraria, un caso de censura, una intimidación, una agresión física y el cierre de una radio comunitaria.
Según Julio García, presidente de la APG, estos hechos remarcan la violencia y la autocensura a la que se encuentran expuestos los comunicadores, sobre todo en áreas alejadas, donde la presencia del Estado es escasa o su representación se encuentra cooptada por los poderes locales, incluyendo el crimen organizado.
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Acciones contra la prensa
El informe señala que los organismos Legislativo y Ejecutivo han promovido discursos confrontativos contra los medios y han promovido iniciativas para censurar la libertad de expresión.
Sobre el Gobierno, García expresó que el presidente Jimmy Morales mantiene una política de confrontación contra la Prensa independiente por denunciar posibles ilícitos cometidos por su gestión, e incluso, por algunos de sus familiares.
García dijo que Morales aumentó su discurso confrontativo hacia los medios de comunicación, emulando a Donald Trump, al apelar a las fake news, cuando se emiten críticas en su contra.
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El informe indica que el mandatario no ha promovido el Programa de Protección a Periodistas.
Pero Morales no fue la única autoridad que arremetió contra la prensa, el Congreso de la República buscó mediante iniciativas imponer censura en redes sociales a cualquier crítica e intentó limitar el acceso de los periodistas al hemiciclo mediante la aprobación de credenciales de prensa, las cuales podrían no otorgarse o ser canceladas de forma arbitraria.
Para la APG y el Observatorio, las acciones del Ejecutivo y el Legislativo no son aisladas, sino que forman parte de una estrategia contra sectores sociales y medios de comunicación que durante el actual gobierno han denunciado los desaciertos de Morales, los actos ilegales dentro de la administración pública y las decisiones cuestionables de los legisladores.
Alfredo Brito, secretario de Comunicación de la Presidencia, dijo que para la administración ha habido diferencias con los medios, lo cual no significa una pugna, con quienes tiene una política de puertas abiertas.
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