Según información de la comuna de Villa Nueva, la decisión de concesionar el servicio de alumbrado público se tomó luego de que este significara un déficit de Q6 millones al año para esa municipalidad.
La licitación pública internacional se realizó a finales de 2013, y la empresa ganadora, Ingeniería y Desarrollo Industrial, S.A., adquirió la administración del servicio a cambio de pagar durante el periodo de concesión Q228.13 millones a la Municipalidad.
Proceso de concesión
Al ser adjudicada, la compañía inició un proceso de administración que incluyó el reemplazo de las lámparas y su mantenimiento.
Según estimaciones de la comuna de Villa Nueva, esto le representaría a la empresa una facturación por Q37.55 millones anuales por 25 años. Es decir, se facturarían cerca de Q938.75 millones, de los cuales se debe restar el aporte a la Municipalidad, el cual se calculó en Q228.13 millones, cuyo valor actual neto (VAN) es de Q110.67 millones, según la oferta de la compañía.
El nombre comercial de la empresa adjudicada es Deproesa, y fue inscrita el 30 de agosto de 1999. Tiene por socios accionistas originales a Joel Salvador Toledo Toledo, Ángel Jesús García Martínez, Miguel Salvador Toledo Orellana, Pedro Joel Toledo Velarde y Juan Pablo Toledo Reneau.
Como administrador único vigente aparece el ciudadano nicaragüense Marvin Román Caldera Díaz, y como gerente de concesiones, Juan Pablo Samayoa López.
Prensa Libre pudo establecer que el 8 de agosto de 2013, 22 días antes de la publicación del evento de licitación, se modificó el objeto de la empresa y se agregó “elaboración de estudios; supervisión, diseño, mantenimiento y construcción de obras de infraestructura eléctrica”.
La empresa tuvo un nuevo cambio el 9 de septiembre de ese año, cuando amplió su objeto para “participar en licitaciones, concursos públicos y demás formas (…) para promover y obtener un proveedor de servicios públicos mediante concesiones”, según el testimonio de una escritura.
El proceso finalizó el 5 de noviembre de 2013, cuando la concesión fue adjudicada. En la licitación, Ingeniería y Desarrollo Industrial, S.A., superó a la otra empresa en competencia, CS Corp, S.A., que ofrecía un retorno mucho menor a la Municipalidad: Q16.7 millones.
Luego, el 23 de diciembre de 2013, la Municipalidad de Villa Nueva transfirió en concesión el servicio a Ingeniería y Desarrollo Industrial, S.A, la cual, para la prestación del servicio, crea una nueva compañía, Alumbrado Público de Villa Nueva, S.A.
Tres años después, el 5 de octubre de 2016, en asamblea de accionistas se incrementó el capital autorizado de la firma, de Q200 mil a Q10 millones. Para esta fecha la totalidad de las acciones de Ingeniería y Desarrollo Industrial, S.A, estaba en posesión de tres sociedades anónimas:
- Inversiones en Iluminación, S.A.
- Iluminación Integral de Centro América, S.A.
- Luminarias Diversas S.A.
Con Marco Vinicio Velásquez Prem, Juan Pablo Toledo Reneau y José Ricardo Sosa Tejada como directivos.
Prensa Libre se comunicó a las oficinas de Alumbrado Público de Villa Nueva, S.A., para concertar una entrevista y hablar sobre la adjudicación, el jueves 11 de enero, pero al cierre de esta edición la compañía no había atendido el requerimiento.
El alcalde de Villa Nueva y presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), Edwin Escobar, asegura que las nuevas normativas en contrataciones han conducido a los ediles a concentrar las compras en dos extremos: las de baja cuantía y las licitaciones para contratos de más de Q900 mil.
“Por eso yo insistía en que la compra de baja cuantía la subieran a Q90 mil y la compra directa a Q150 mil, porque la baja cuantía es cuatrimestral y no se puede comprar más de Q25 mil de una cosa en ese periodo”, explica Escobar.
Para el jefe edil, el mayor riesgo de corrupción viene de la discrecionalidad en las decisiones, por lo que, a su criterio, se debe crear una nueva ley de contrataciones que se adapte al funcionamiento de las instituciones.
Concesión de alumbrado
Respecto del proceso de concesión del alumbrado público de su municipio, Escobar resalta que la creación de un fideicomiso era una exigencia establecida en las mismas bases de la licitación. “Yo le exigí al concesionado que él formara un fideicomiso para garantizarle a la Municipalidad su pago. Las concesiones en la muni son legales”, asegura.Según la comuna, el municipio perdía Q6 millones al año entre costos de mantenimiento, reposición de lámparas y el déficit en la prestación de servicios. En total, estima que la comuna recibirá beneficios por Q228 millones en concepto de canon y Q151 millones en ahorro de déficit por mantenimiento, en 25 años.
En relación con las modificaciones al objeto de la compañía, Escobar dice: “No nos interesa la historia de la empresa, su pasado (...) Como municipalidad, lo que tenemos que garantizar es que la empresa cumple con los requisitos, y nos dicen que tiene que tener cinco o 10 años con esa especialidad”.
El alcalde explica, además, que las mismas bases de la licitación establecían que la empresa ganadora tendría que crear una sociedad anónima especial para este proyecto.
“Veinte empresas ofrecieron propuestas. De las 20, siete presentaron una oferta técnica e instalaron lámparas para probarlas, de esas, dos presentaron ofertas técnico-económicas”, afirma el jefe edil.
Modelo de Negocios
El modelo de negocios para esta concesión, según Escobar, tomó en cuenta cuál era la oferta con mejor valor actual neto (VAN); es decir, el monto de las cuotas pagadas en los 25 años del contrato, tomando en cuenta la disminución de poder adquisitivo de ese dinero.De esa cuenta, el canon pagado a la Municipalidad empieza en el 15 por ciento el primer año y termina en el 50 por ciento. El valor de lo entregado en el periodo sería de Q110.67 millones, indica Escobar.
Además, ya que parte de las lámparas brindan señal de internet inálambrico, podrían ser usadas por la empresa para prestar servicio de internet. “Ellos —la empresa— están explorando dentro de la concesión de alumbrado público el poder dar servicios de internet, pero es algo que la muni tendrá que evaluar”, asegura el jefe edil.
Escobar afirma que otras comunas se interesan en este modelo. El alcalde de San Andrés, Petén, por ejemplo, planifica la concesión de la construcción de un tren eléctrico.
Críticas al proceso
Para el subcontralor de gasto público de la Contraloría General de Cuentas, César Elías, estas modificaciones son un indicio del manejo de “información privilegiada”.
“Como municipalidad, lo que tenemos que garantizar es que la empresa cumple con los requisitos”.
“Las pruebas hablan por sí solas, podrían tener información privilegiada, se puede inferir por los cambios en la razón social. Es como si ya sabían que podían tener la posibilidad de recibir la adjudicación y empiezan a preparar la estructura administrativa y contable para estar entre las empresas elegibles”, señala el auditor.
Pese a esto, hay que reconocer que la empresa ya se desempeñaba en el rubro de las instalaciones eléctricas, apunta Elías, por lo que, a su criterio, “hay que analizar el procedimiento de publicación y si ellos cumplieron con los requisitos establecidos”.
Eddie Cux, integrante de Acción Ciudadana, señala que este tipo de modificaciones es frecuente en procesos irregulares.
“Han existido casos en los que se han presentado investigaciones, procesamientos y condenas en contra de personas que muestran indicios de colusión de las autoridades que adjudican un contrato”, comentó Cux.
La readecuación de una empresa para coincidir con los requisitos de una convocatoria es una característica común en procesos con irregularidades, señala el experto.
“En ocasiones, esta información la maneja un operador interno, asesores técnicos u otros operadores que pueden influenciar en negociaciones ilícitas, lo que implica una ventaja sobre los otros competidores”, señala Cux.
También fideicomiso
El pago del canon por alumbrado de la empresa a la comuna se efectúa a través de un fideicomiso privado creado por la concesionaria, llamado Fideicomiso de Alumbrado Público de Villa Nueva.
Para Cux, “el uso de las concesiones, de los fideicomisos, son indicios de una opacidad dentro de la prestación de los servicios públicos, es una forma para esconder de la luz pública el manejo de recursos”.
Régimen de concesiones
La concesión es una figura contemplada en los artículos 95 y 97 de la Ley de Contrataciones del Estado, y en los artículos del 75 al 77 del Código Municipal.
Entre las características de esta modalidad se encuentra que su plazo no puede ser superior a 25 años y en el caso de las concesiones de municipalidades, estas pueden recuperar los servicios “por causas de utilidad pública”.
“No podrán concesionarse servicios en los que actualmente el Estado, entidades autónomas y descentralizadas obtengan utilidades”, establece la Ley en su artículo 95.
En el caso del cobro del alumbrado público existe un vacío legal para su regulación en todo el país, señala Ricardo Barrientos, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, por lo que ha sido tema controvertido en los últimos años.
