¿Por qué en Guatemala no se prioriza la prevención de desastres?

Durante los estragos que dejaron las tormentas Eta e Iota, a finales de 2020, alcaldes y diputados aprovecharon la emergencia para divulgar en sus redes sociales fotografías y videos en donde ayudaban a las personas damnificadas.

Funcionarios y empleados de gobierno utilizaron los daños que dejó Eta para figurar en las redes sociales. Fotografía: Prensa Libre.
Funcionarios y empleados de gobierno utilizaron los daños que dejó Eta para figurar en las redes sociales. Fotografía: Prensa Libre.

Aunque la historia que tiene Guatemala con la época de lluvia se resume a tragedias no existe en toda su base legal herramientas que ayuden en la prevención, tan solo se cuenta con una ley base con la que opera la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) que ha demostrado ser más reactiva que preventiva.

La necesidad es clara a criterio de expertos en gestión de riesgo, que también observan el principal obstáculo porque el que la solución no llega. Ellos afirman que una política de prevención puede ayudar todos menos a los políticos.

Concluyen en esto con tan solo recordar los fenómenos naturales que han golpeado al país, en cuestión de minutos muchos alcaldes, diputados y personas con fines electorales aprovechan el dolor ajeno para tan solo perfilar en medios como personas bondadosas y quedar así en la mente de los futuros votantes.

Alejandro Maldonado fue Secretario Ejecutivo de Conred por más de 10 años hasta que fue destituido por el expresidente Jimmy Morales, es experto en la gestión de riesgos y materia preventiva y considera que es el fondo político lo que impide que el país cuente con herramientas para la prevención.

“Hemos vivido en una cultura que podríamos hasta llamar emergencista, donde estamos muy preocupados con las situaciones urgentes que surgen día a día y que no nos han permitido tener esa planificación y visión a largo plazo. Definitivamente hay un componente político en esto pues, yo lo digo con toda honestidad pero la prevención de los desastres no genera un incentivo político para las personas que tienen que manejar esta temática”, señaló.

Maldonado también agregó: “Si usted implementa medidas para evitar desastres el resultado va a ser ese, que no pasa nada y si no pasa nada no hay noticia, no se mira como el resultado de una acción concreta; durante una emergencia si se da una respuesta pronta, sale en las noticias de que usted está trabajando, es en parte por ese incentivo político que no hay visión para trabajar en la prevención de desastres”.

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El Instituto Nacional de Sismología Vulcanología Meteorología e Hidrología (Insivumeh) advirtió desde inicios de la temporada de lluvias sobre la saturación de los suelos y el riesgo que esto implica para zonas con alto riesgo de deslaves, derrumbes y hundimientos

La sobresaturación de los suelos quiere decir que la humedad en la tierra ya sobrepasó su capacidad y hace más inestable la tierra con la llegada de las lluvias. Esta ha sido una de las principales causas de derrumbes.

Emilio Barillas, portavoz del Insivumeh, indicó que ya emitieron varias alertas internas y que se comunicaron con las autoridades locales de varios municipios para advertir sobre esto, sin embargo, los alcaldes no tienen programas de prevención de desastres pese a que ellos integran la Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres y algunos de ellos no conocen las áreas de riesgo de los municipios que dirigen.

En departamentos como Alta Verapaz, Sololá, Huehuetenango, parte sur de San Marcos y Quetzaltenango está la alerta de esta sobresaturación.

Santos Hernández, alcalde de San Juan Atitán, Huehuetenango, indicó que no sabe cuáles son las áreas de riesgo de su municipio pese a que en cada invierno registran derrumbes en la carretera y en algunas comunidades.

Hernández mencionó que el “único plan de prevención” que tienen es el albergue que habilitan en el salón municipal en caso de alguna emergencia.

El jefe edil de la municipalidad de San Pedro Néctar, en Huehuetenango, Julio Ambrosio, respondió que, aunque tienen documentadas cuáles son las áreas de riesgo, no pueden hacer nada para proteger a las comunidades ya que la población se resiste a desalojar.

Son tres comunidades las que viven en las orillas de los cerros y en cada una hay alrededor de 100 familias.

Aunque también reportan cada año derrumbes en las carreteras, Ambrosio agregó que no tiene un plan de prevención. “No podemos hacer nada porque el deslave viene desde el cerro, lo que sí hacemos es limpiar la carretera cada vez que pasa esto”, indicó.

El portavoz del Insivumeh agregó que son las áreas afectadas por las tormentas Eta y Iota las que están en más peligro pero mientras tanto la población todavía se sigue recuperando de las tragedias provocadas y en el caso de la comunidad de Campur, en San Pedro Carchá, Alta Verapaz, la población regresó a sus viviendas pese a que el lugar podría volverse a inundar.

Costos millonarios

El mayor costo que ha pagado Guatemala por no legislar para la prevención es la pérdida de vidas humanas. Aunque cada año se registran deslizamientos e inundaciones que resultan ser mortales no se cuenta con una estadística que refleje la magnitud del problema, según Hugo Arbizu, vocero del Centro de Estudios de Desarrollo y Desastres de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Cedesyd).

Añadió que las bases legales de la Conred permitan una que otra acción preventiva pero no las suficientes para un país con tantos problemas como Guatemala; poblados en cercanías de ríos, comunidades situadas en asentamientos y hasta en las faldas de los volcanes.

“La actual ley cuando la crearon no había un enfoque de gestión de riesgo, más bien regula como vamos a responder cuando el desastre había empezado en un territorio. Es una ley que rescata y sirve de paraguas para algunas acciones de gestión de riesgo que se toman actualmente (…) los desastres indudablemente van a salir mucho más onerosos que si se invierte en prevención, Naciones Unidas hace ese llamado y resalta que los países pierdan más por no reducir los riesgos de desastres” , señaló.

Datos de la Comisión de Economía para América Latina y el Caribe (Cepal) destacan que Guatemala tuvo pérdidas por Q5 mil 834 millones tras el paso del huracán Mitch y de Q1 mil 636 millones tras la erupción del volcán de Fuego; datos del propio Gobierno de Guatemala apuntan que con las tormentas de finales de 2020, Eta e Iota, hubo pérdidas por Q6 mil 84 millones.

Analizan iniciativas

Desde el 16 de octubre de 2019 no ha tenido movimiento en el Congreso la iniciativa 5543, Ley para la Gestión Integral de Desastres Naturales, que cuenta con un dictamen favorable para su discusión y eventual aprobación.

Pero esa no es la única iniciativa que busca generar estrategias de prevención, según el diputado Julio Lainfiesta, presidente de la Comisión de Ambiente, actualmente esa mesa de trabajo analiza dos iniciativas en la misma línea.

“Lo que estamos haciendo ahorita en la comisión es hacer un análisis con todas las entidades del Estado y miembros externos como Universidades, cámaras empresariales y otros para dictaminar la iniciativa o unir ambas en una sola propuesta, de momento tenemos una mesa técnica donde figura Conred, Segeplan, los ministerios de Ambiente, Defensa y Finanzas”, explicó el congresista.

Por su parte el diputado Román Castellanos, integrante de la Comisión de Ambiente, es de la idea que junto a la prevención se debe de incluir otro paquete de iniciativas.

“Para prevenir los desastres también tenemos que pensar en ordenamiento territorial, la ley de aguas y el uso de suelo, leyes que permitan también regular de mejor manera las construcciones para no edificar en zonas de riesgo. Finalmente se trata de un componente mucho más amplio para que de verdad exista prevención pero comenzar con una ley específica también es fundamental”, precisó.