El artículo en mención también aclara que en “ningún caso la ampliación para un departamento específico puede superar el 40% de su asignación disponible para el 2017”.
Es decir que el dinero no ejecutado por los Codedes este año no se enviará al Fondo Común, como lo marca la ley, sino se empleará para que las obras sean finalizadas en el siguiente ejercicio. Por segundo año consecutivo se establece esa norma.
Llama la atención que ayer en el sistema de contabilidad del Estado reportaba que el gasto de ejecución de los Codedes es de 39%, con un devengado de Q957 millones y un saldo de Q1 mil 447 millones.
La lista de proyectos elegibles será definida por la Secretaría de Coordianción Ejecutiva de la Presidencia (SCEP) y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan).
Adim Maldonado, presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso, dijo que la norma queda similar a la de este año porque se busca transparentar los pagos de obras de arrastre y evitar que se paren.
Indicó que el bolsón podría rondar los Q350 millones, aunque ese monto se conocerá cuando cierre el Presupuesto el 31 de diciembre próximo.
Recordó que el bolsón de este año fue de unos Q200 millones que se pagaron a las obras de arrastre.
Para los Consejos Departamentales de Desarrollo se proyectó un presupuesto de Q2 mil 775 millones para el 2018.
Peligroso
Ricardo Barrientos, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), opinó que la forma de cómo quedó la redacción por parte de la Comisión de Finanzas revela que el artículo 94 establece una ampliación presupuestaria preautorizada para ejecutar en el 2018 pagos a obras de los Codedes.
Recordó que la norma del artículo 97 del Presupuesto vigente es similar a lo establecido en el 94, pero hay una diferencia, en la cual se formula una ampliación preautorizada por un monto de Q875 millones que es más específico.
Ampliación para liquidar obras
Ese saldo de caja debe considerar todo lo comprometido, no pagado dentro del ejercicio 2017. Después de restar lo comprometido no pagado les queda una disponibilidad de caja, y sobre eso se puede hacer la ampliación presupuestaria a los Consejos de Desarrollo.
En ese artículo dice que es para extinción de dominio, préstamos externos en ejecución, regularización de arrendamientos y obras de arrastre de los Consejos de Departamentales de Desarrollo Urbano y Rural.
Barrientos explicó que ahora el artículo 94 es exclusivo para los Codedes y no fija un techo de gasto.
“Es muy peligroso porque es una preautorización para ampliar sin limites el Presupuesto, porque no se establece el límite y es institucional”, afirmó.
Julio Héctor Estrada, ministro de Finanzas, indicó que la norma funcionará igual al artículo 97 de este año del presupuesto vigente.
“Las obras tienen que tener avance físico y solo se pueden sacar del listado aprobado y debe tener verificación de la Contraloría y SCEP”, indicó el ministro por medio de un mensaje de WhatsApp.
Negociación por junta
Para Marvin Flores, analista de Acción Ciudadana, el énfasis del artículo 94 es porque aparte del bolsón se estaría tratando de negociar la próxima junta directiva del Congreso en base a esa norma, que garantiza el pago de la obra para el 2018.
Artículo se discutió en las sesiones
La redacción del artículo 94 fue discutida en las sesiones de la Comisión de Finanzas. Cocodes, la Anam, Segeplán y la SCEP, vieron la necesidad de que las obras no deben quedar estancadas, ni paradas, por lo que deben de continuar construyéndose.
Una de las posibilidades es de que estarían negociando votos de los diputados distritales, para abrir el tema de presupuesto y a cambio votar por una planilla de junta directiva, afirmó.
Al respecto, Maldonado negó esa posibilidad de que el Presupuesto sea una moneda de canje para su aprobación por junta directiva.
“Este año quedó igual la norma y los diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza votaron por el Presupuesto y ellos no quedaron en la junta directiva”, recordó.
El diputado Jairo Flores, de la UNE, expuso que el artículo no precisó que en general se quitaron algunas normas de transparencia, y sobre el artículo 94 se cuestiona que no hay montos específicos en destinos que no se conocen.
Garantía
El contralor general de Cuentas, Carlos Mencos, indicó que ese artículo es diferente a lo normado para el 2017. Lo dejan casi a las mismas condiciones porque no se podía dar de manera automática la ampliación presupuestaria.
En lo que proponen para el 2018 se pueden observar varias condiciones, dijo Mencos, y sobre todo una del Ministerio de Finanzas es que haya saldo de caja, el cual es el saldo disponible al cierre del ejercicio —lo que no se ejecutó—.
En política, todo es interés
El tercer año es preelectoral y la política tiene una gran incidencia. Hay que velar por que las obras se ejecuten bien, con transparencia y que no sean clientelares. Hay que estar atentos para que no se genere corrupción y que los contratistas no sean los que aporten a las campañas.
La ampliación no puede superar del 40 por ciento de la asignación del 2017, esto quiere decir que si un departamento quedó con un saldo este no puede superar ese porcentaje. Para el tema de ampliación no puede pasarse de ese monto.
“Yo lo veo como que se estuvieran adelantando a que en el ejercicio 2017 no pudieron ejecutar el Presupuesto y que necesitan desde ya garantizarse las obras no concluidas en este año, para que sean finalizadas en el 2018. Lo veo positivo si tomamos en consideración que se han abandonado muchos proyectos que por diferentes razones no son concluidos, y si es desde el punto de vista para garantizar que se finalicen las obras”, expone el contralor.
Reforma a ley
Jorge Lavarreda, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), explicó que el artículo 94 está respondiendo a que terminó el ejercicio fiscal y las obras no lograron terminarse en cada caso.
“Sin este artículo el dinero iría al Fondo Común y para volver a continuar la obra se tiene que respetar un proceso burocrático. El artículo 94 agilizará la ejecución de las obras de arrastre”, afirmó.
En todo caso, hay varias obras que tienen arrastre y que debiera pensarse no solo normarlo para un ejercicio fiscal, ni para los Cocodes, si no en general, por lo que se debe de reformar la Ley Orgánica del Presupuesto.
