A cinco meses de la convocatoria a elecciones, cuando ya no se pueden aplicar cambios a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp), un grupo de diputados finalmente consiguió acuerdos para el dictamen de reforma a la mencionada ley.

El paquete de cambios sugeridos llega tarde y en medio de críticas de diputados disidentes del acuerdo, que señalaron ayer opacidad para conseguir las 12 firmas necesarias para incluir en las plenarias la propuesta de cambios.

La iniciativa de ley dictaminada cuenta con 50 artículos. Uno de los principales cambios que están impulsando es el listado abierto para la elección de diputados, es decir, elegir a los congresistas por nombre y apellido.

También se propone modificar los tiempos en la pauta electoral que se distribuyen para los candidatos a presidente, diputados y corporaciones municipales. Además, se sugiere que los gastos en pauta publicitaria no se tomen en cuenta en el techo de campaña que fije el próximo año el TSE.

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Pero el documento también altera la fiscalización que tiene el TSE sobre las finanzas de los partidos políticos; disminuyen responsabilidades sobre los secretarios e impidiendo al propio TSE certificar lo conducente al MP si identifican un posible delito financiero en las cuentas de los partidos.

Al hablar de conceptos monetarias las sanciones hacía los partidos se reducen y pasan de estar entre 500 a 250 mil dólares a entre 1 a 50 salarios mínimos, en moneda nacional.

Pero si hablamos del gasto de campaña los diputados prefieren mantener el dólar americano para las campañas pese a que no es la moneda nacional, y proponen que por cada persona empadronada un partido política pueda gastar hasta 1 dólar, lo que significaría poder duplicar sus gastos.

Uno de los temas que fue solicitado por grupos ciudadanos, particularmente organizaciones de mujeres fue la paridad en las elecciones, misma cantidad de candidatos como de candidatas, pero este punto fue ignorado en el dictamen de reformas.

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A palabras de Rivera, tampoco se está haciendo alguna modificación en la prohibición que pesa sobre diputados referente al transfuguismo, articulo que a criterio de parlamentarios se aplicó de mala manera en las elecciones de 2019.

El dictamen, necesario para avanzar con el proceso de aprobación de las reformas a la Lepp, llegó de la mano del diputado de Compromiso Renovación y Orden (Creo), José Alberto Rivera, que apeló a la “buena voluntad” de sus colegas para aprobar la próxima semana el articulado y se apresure la sanción de la Corte de Constitucionalidad (CC),  necesaria para validar los cambios.

Pero el diputado Carlos López, primer vicepresidente del Congreso, afirma que es “complicado” incluir en las sesiones del Pleno la discusión de reformas a la ley electoral, “debe tener un análisis profundo de los distintos bloques legislativos, en la Comisión de Asuntos Electorales no hay representantes de todos los bloques”.

De no conseguir aprobar antes del 20 de enero próximo la reforma, el evento electoral deberá correr con la misma ley que hasta ahora está en vigor, cuyo contenido tiene errores que perjudican el desarrollo del proceso, según han advertido grupos de la sociedad civil, sectores académicos, empresariales y la propia presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Irma Elizabeth Palencia.

Se buscó una postura institucional del TSE sobre el dictamen de reformas a la Lepp, pero su departamento de Comunicación Social informó que aún no han recibido el documento de parte del Congreso o sido invitados a la Comisión de Asuntos Electorales para tener a la vista el documento, por lo que en estos momentos no era posible emitir una postura.

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En desacuerdo

No todos los integrantes de la Comisión de Asuntos Electorales están de acuerdo por el contenido del documento y cómo Rivera consiguió el apoyo de la mayoría para dictaminar la propuesta.

De hecho, a la Comisión se presentó la renuncia de Wilmer Mendoza, de Vamos y Rodolfo Neutze, de Creo, que habían estado renuentes a apoyar con su firma el dictamen propuesto. Su lugar lo ocuparon los congresistas Gustavo Cruz, de Bienestar Nacional (Bien) y José Alejandro de León Maldonado, diputado de Podemos.

La incorporación de estos dos diputados permitió a Rivera contar con dos votos más para alcanzar el mínimo requerido por la Ley Orgánica para que tuviera validez.

Álvaro Arzú Escobar, representante del Partido Unionista, fue una de las voces más críticas ayer. Dijo que le preocupa que este dictamen sea “defectuoso”, ya que no se permitió que diputados que mantenían dudas adjuntaran en el documento su voto razonado y se apresuró su entrega a la Dirección Legislativa.

Otro posible peligro que detecta el congresista es que en cada dictamen las firmas tienen que ser presentadas en reuniones de comisión, sin embargo, en esta ocasión el presidente de la Sala consiguió las firmas de manera individual en reuniones privadas con algunos de los firmantes, lo que alimenta el argumento de opacidad en la negociación.

Por su parte, la diputada Andrea Villagrán, de Bien, también parte de la Comisión de Asuntos Electorales y crítica del documento presentado ayer destacó que no hubo transparencia en la presentación del documento y no se le permitió presentar su voto razonado en contra.

Román Castellanos, congresista de Movimiento Semilla, explicó que no dio su firma porque el documento no ha tenido una discusión amplia, sumado a los antecedentes negativos que a su criterio ha tenido el Legislativo con la aprobación de cuestionadas leyes.