Retiro de inmunidad de magistrados podría afectar la institucionalidad del TSE

Los cinco magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral son señalados por incumplimiento de deberes por el Ministerio Público (MP), razón por la que se le solicitó a la Corte Suprema de Justicia que se les retire la inmunidad y así poder profundizar en la investigación.

Las inconsistencias en algunas actas fueron evidencias por fiscales de partidos políticos. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL
Las inconsistencias en algunas actas fueron evidencias por fiscales de partidos políticos. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL

El jefe interino de la Fiscalía de Delitos Electorales, Rafael Curruchiche, manifestó que los dictámenes de dos profesionales, uno del Ministerio Público y otro de la Contraloría General de Cuentas, así como las declaraciones de Gustavo Adolfo Castillo González y Benny Obdulio Román Chanquín –exdirector y exsubdirector de Informática del TSE- son la base por la cual el MP solicitó el retiro de la inmunidad de los magistrados del ente electoral.

El informe del perito del MP concluye que se denota la falta de conocimiento, experiencia y dedicación del personal superior de la dirección de informática, además que no fueron proporcionadas las bitácoras de acceso a las bases de datos, lo que evidencia falta de controles internos.

“La corrección del procedimiento y la reacumulación de votos fue mal desarrollado, porque solo había espacio para 20 partidos, cuando dos meses antes se sabía que podrían ser 27 los partidos participantes, pero al final en la elección presidencial solo hubo 19 candidatos. También señala que los accesos a nivel de administrador denotan que son realizados con demasiada facilidad”, establece el informe del perito del MP.

Mientras que el dictamen del perito de la Contraloría concluye que “el sistema informático es deficiente y los resultados son pocos confiables”.

Mientras que las declaraciones testimoniales de Castillo González y Román Chanquín son las que ponen en el ojo de la investigación a los magistrados, debido a que ellos mencionan que les solicitaron a los magistrados la actualización de licencia para reconocimiento inteligente de caracteres y lector de código de barras del documento número cuatro, los cuales no fueron adquiridos, se informó.

Además, según el caso, ellos solicitaron dos años antes de las elecciones que se creara la unidad de desarrollo de sistemas electorales, lo que tampoco fue cumplido.

En la declaración que Castillo González hizo al ente investigador y al juez contralor del caso se señala que hubo una comunicación a través de WhatsApp en la que le comunica sobre el problema al presidente del TSE, Julio Solórzano, y que el funcionario le dice “esperece, no diga nada, lo vamos a tratar después” y se dio a conocer al día siguiente.

El fiscal manifestó que luego el TSE reconoce que hubo una falla, por lo que podría haber dolo, ya que en el organigrama la Dirección de Informática depende del pleno de magistrados. Además se había pedido que se adquirieran insumos para el proceso electoral y se omitió hacerlo, por lo que puede haber incumplimiento de deberes, indicó.

Serán respetuosos del proceso

En un comunicado de prensa, los magistrados del TSE señalan que son respetuosos de la institucionalidad y del Estado de Derecho. Por lo que siguen con atención las acciones del MP en relación con la solicitud del retiro de inmunidad presentada por la Fiscalía de Delitos Electorales.

“El TSE asume por principio que las acciones del MP deben ser objetivas y fundamentadas, garantizando el debido proceso. En consecuencia, ha brindado toda la información requerida y seguirá coadyubando en la investigación respecto al sistema informático utilizado en las pasadas elecciones generales para la transmisión de resultados preliminares”, refieren.

Los magistrados reiteran que el sistema de transmisión de resultados es un mecanismo implementado para brindar “información pronta y transparente” a la ciudadanía sobre la votación por lo que no tienen ningún efecto legal sobre los resultados oficiales ni en la adjudicación de cargos.

“El sistema electoral guatemalteco se basa en el escrutinio de las actas físicas, que es la única fuente de resultados oficiales y definitivos de la elección. Esta labor se realiza de manera transparente y legitima, en actos públicos, por ciudadanas y ciudadanos que conforman las juntas receptoras de votos, juntas electorales municipales y departamentales. En todo el proceso participan fiscales de las organizaciones políticas”, señala el comunicado.

“Reitera su convicción de que las elecciones generales 2019 se realizaron conforme a estándares internacionales de integridad, como certificaron varias misiones nacionales e internacionales de observación electoral, además del del mecanismo de conteo rápido”, concluyen.

Debilitar la institucionalidad

El politólogo Ricardo Barreno, del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep) y parte del Mirador Electoral que observó el proceso electoral, indicó que entre la primera y segunda vuelta se evidenció que el software no estaba funcionando, incluso, antes de la primera vuelta ya se hacían varias menciones de que el software no estaba actualizado y que no funcionaba.

“Entonces la percepción ciudadana comenzó a notarse en la intervención o intentos de manipulación del voto y de los resultados, ahí es donde la Corte Suprema de Justicia emite una resolución en donde se debe modificar y hacer los ajustes al software y donde la percepción del fraude estaba en incremento”, detalla el experto.

Agregó: “Por aparte, había un desgaste bastante fuerte al TSE y en paralelo a este desgaste tenía que generar los mecanismos para la segunda vuelta. Fue en este ínterin, en tan abultada coyuntura, en donde se emite esta resolución, pero independientemente a esto la percepción ciudadana era que hubo fraude”.

Barreno señaló: “Sería interesante que se vaya dilucidando o que se determine si hay culpabilidad o si bien hay condiciones para retirarle la inmunidad o no. El software no era determinante para los resultados para la realidad como tal, pero sí era determinante para la percepción ciudadana porque es el mecanismo que utiliza el TSE para transmitir resultados”.

“A pesar de no comprometer la democracia y no comprometer con el antejuicio la independencia del TSE, sí pudiera llegar a generar un desgaste de cara a la conclusión de su gestión. Una conclusión de gestión, que es el 19 de marzo, que sin duda alguna, el riesgo es poder generar un desgaste a la institucionalidad del Tribunal Supremo Electoral”, manifestó Barreno.

Patron 21

Hubo varios señalamientos de que no cuadraban las actas digitadas con los datos que estaban en el sistema, mientras que en otros casos se repetían los datos que habían en el renglón 11 con el 21; el 12, con el 22, y así, sucesivamente, hasta llegar al 26. A este caso se le denominó #Patron21.

Este error se evidenció al no haber tomado en cuenta que en otras elecciones el número de candidatos no superó las dos decenas, como ahora y, sobre la marcha, se intentó copiar las fórmulas de las posiciones 11 a la 20, de la 21 en adelante.

Los representantes de los partidos políticos señalaron inconsistencias en su momento en los registros del 45 por ciento de las actas que se cotejaron. El problema recurrente fue la sumatoria final de los sufragios, que en algunos casos tenían casi 60 votos de diferencia. Los errores de este tipo se encontraron en 50 de las 85 actas con anomalías.

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