El 45% de los directivos encuestados califica como malo el ambiente político del país, el 49% lo ve regular y solo el 6% lo considera positivo.
Los resultados, que corresponden a las respuestas ofrecidas por 71 directores de los 123 reunidos en Cacif, reflejan la percepción del sector privado durante el primer trimestre del año.
La percepción del sector empresarial, según Claudia Galán, directora de la Unidad Económica del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), está influenciada por una débil ejecución en los tres poderes del Estado.
El peor calificado fue el Congreso, con la opinión del 89.71% de entrevistados que lo consideran malo. Le sigue el Ejecutivo, con 80.88%, y el Organismo Judicial, con 77.46%.
Hugo Maúl, director económico del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), dijo que la percepción de los empresarios no significará un riesgo o amenaza para el Estado o provocará cambios de autoridades en los poderes Ejecutivo, Judicial o Legislativo.
Sin embargo, refirió que mediciones como la presentada ayer son reflejo del sentir del sector, que son “los que están en la línea de fuego operando negocios”, lo que puede provocar que el impacto se vea en la calificación de riesgo país y la percepción de los inversionistas de hacer negocios en Guatemala.
“El impacto que tiene ese tipo de estudios es verdaderamente terrible”, y a su criterio podría agravarse la falta de un crecimiento sostenido de la economía.
Los resultados refieren además que el 86% de los directores opinan que el país no va en el rumbo correcto hacia el crecimiento.
Esa visión está motivada principalmente por un mayor nivel de conflictividad, según el 63% de encuestados.
La conflictividad y la falta de certeza jurídica son otros puntos que “prevalecen como la piedra en el zapato” e impiden un mayor dinamismo en la atracción de inversiones, menciona el documento.
La encuesta del Cacif se recogió antes de que la Corte de Constitucionalidad fallara a favor de que la hidroeléctrica Oxec continuara su operación luego de tres meses de haber estado suspendida.
Durante ese período, el sector empresarial recalcó que la suspensión ponía en riesgo la certeza jurídica.
En el Índice de Confianza en la Actividad Económica, del Banco de Guatemala (Banguat), el indicador se mantuvo bajo en el primer trimestre. Empezó con 58% en enero del 2017 y bajó hasta el punto más crítico en marzo, a 50%.
A abril último tuvo una recuperación y llegó a 54.17%.
Trabajar juntos
Para Antonio Malouf, presidente del Cacif, el estudio les ayuda a medir qué problemas enfrenta el sector.
Expuso que en el caso de la calificación baja que recibieron los organismos Ejecutivo y Legislativo, lo que se debe hacer es trabajar juntos por la institucionalidad del país. “No debemos destruirla, y si la credibilidad está baja, apoyemos a que suba y hagamos acciones buenas”, enfatizó.
El empresario dijo que se debe trabajar en tomar acciones para mejorar la credibilidad, como impulsar leyes y que el Gobierno central empiece a ejecutar los planes y programas positivos, con ello considera que pueden mejorar esa percepción entre los guatemaltecos.
Malouf mencionó que como sector mantienen constante comunicación con los ministerios, con el objetivo de que conozcan los resultados y que se defina como corregir el rumbo para obtener un crecimiento económico.
pérdida de poder
Gustavo Porras, directivo del Consejo Económico Social de Guatemala, comentó que lo que ha ocurrido en el sector empresarial es una creciente percepción de incertidumbre, “la cual es el veneno de las inversiones”.
El analista afirmó que lo que más les ha impactado han sido las resoluciones de las cortes respecto de suspender proyectos mineros o hidroeléctricos.
Agregó que otro aspecto que les ha causado incertidumbre son las acciones de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en contra de personas que no han cubierto en forma correcta sus impuestos.
Porras no cree que la percepción del empresariado en relación con la calificación negativa al entorno político y al Estado pueda ser un riesgo para el mismo Estado, sino que solo evidencia que ese sector ya no tiene mayor receptividad, o pensar que el sector empresarial todo lo controla y lo decide.
“En varias actividades han tenido una pérdida gradual de poder al interior del país, y el hecho de que ellos califiquen negativamente la gestión pública ni de chiste podría asimilarse, como en el pasado, de que ellos pudieran mover un golpe de Estado”, y es un sector que tiene muy poca incidencia en la vida política del país, aunque hay que reconocer que siguen teniendo un peso muy importante, enfatizó.
Pronacom
Recuperación de confianza
El Ejecutivo comenzó a implementar una estrategia para recuperar la imagen de los inversionistas potenciales, sobre todo del sector eléctrico, afirmó ayer Acisclo Valladares Urruela, comisionado presidencial para la Competitividad e Inversión.
La medida es una reacción a la resolución de la Corte de Constitucionalidad, que resolvió el caso Oxec 1 y Oxec 2 y otorgó vía libre para que siguieran trabajando en el proyecto hidroeléctrico.
“En Guatemala debemos privilegiar el diálogo y la resolución. Es beneficiosa para el país porque satisface la necesidad que tiene el capitalista del proyecto”, afirmó.
El comisionado reconoció que la situación de suspensión de los trabajos en febrero pasado pudo haber enviado un mensaje negativo, pero a la vez la resolución dio la certeza jurídica.
Víctor Manuel Asturias, ministro de Economía, aseguró que se mantienen las condiciones para atraer inversión en este sector.
“Continuamos trabajando en los programas de atracción de inversión extranjera, ahora con una restructuración de las instituciones que tienen que ver con este tema para tener una mejor coordinación”, afirmó.
El ministro informó que el sector eléctrico es uno de los que más inversión están atrayendo en los últimos años.
En la última década, Guatemala atrajo capitales por US$2 mil 111.10 millones en el sector de energía, el cual representa el 20% del total del monto del flujo, que es de US$10 mil 455 millones.
