La magistrada del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Mijangos, quien estuvo en la presidencia de dicho órgano cuando se realizó la consulta popular, rechazó los señalamientos que hizo el presidente Jimmy Morales sobre dicho proceso.
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“Para dicha consulta yo desempeñaba la presidencia del Tribunal Supremo Electoral y puedo afirmar, con absoluta certeza, que, en nuestro carácter de entidad independiente y no supeditada a organismo alguno de Estado, se realizó todo el esfuerzo necesario para sustanciar el proceso”, refirió Mijangos.
En la reunión del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur) que se realizó el martes último el presidente Jimmy Morales opinó lo contrario y pidió al TSE que cumplan la Ley y garanticen unas elecciones libres el próximo año.
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“Por favor, Tribunal Supremo Electoral, cumpla la Ley, cumpla conforme a Derecho y haga las cosas bien; recuerden que ustedes son un Tribunal Supremo Electoral, independiente y así se tienen que hacer las cosas”.
Luego agregó: “Vuelvo a decir al TSE que no se quede de brazos cruzados, como sí se quedó con la Consulta Popular, donde le asignamos con esfuerzo Q300 millones y de ahí, nosotros, el Ejecutivo, tuvimos que agarrar la misión de hacer esa consulta popular un éxito, porque no tenemos tiempo de andar viendo de quién fue la culpa de que las cosas no se hagan”.
En referencia a esos señalamientos, Mijangos señaló que constitucionalmente no le correspondía al TSE desarrollar la campaña de información a la ciudadanía sobre el diferendo sino sólo organizar el evento electoral.
“En la medida de lo posible realizamos esfuerzos para informar sobre el diferendo y su recorrido histórico, lo cual correspondía al Ejecutivo según el artículo 19 transitorio y 173 de la Constitución Política de la República. Los logros alcanzados en esta consulta histórica para Guatemala, deviene de un esfuerzo conjunto de la ciudadanía e instituciones que tradicionalmente han colaborado con este Tribunal”, refirió.
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Las críticas del presidente Morales al TSE se dan en medio de un proceso de cancelación que ha impulsado el Registro de Ciudadanos, por supuesto financiamiento ilícito de esa agrupación durante la campaña electoral del 2015.
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