El voto de los beliceños determinará si la población del vecino país favorece que sea la Corte Internacional de Justicia (CIJ) la que dirima la histórica disputa fronteriza con Guatemala.
Belice aplazó el referendo de la próxima semana para llevar su diferendo limítrofe con Guatemala a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), tras la decisión de un juez de la Corte Suprema que acogió un recurso de amparo de la oposición.
A pocos días de que termine el 2018, la tragedia del Volcán de Fuego y la muerte del político Álvaro Arzú figuran entre los primeros temas más buscados este año en Guatemala, por medio de Google, uno de los motores de búsqueda más importantes de la red.
Luego que el presidente Jimmy Morales señaló al TSE de dejar solo al Ejecutivo durante la consulta popular sobre el diferendo territorial con Belice, el 15 de abril pasado, la magistrada María Eugenia Mijangos respondió y recordó que esa era una atribución directa del Ejecutivo.
Belice anunció este lunes que el 10 de abril de 2019 hará la consulta popular sobre el diferendo territorial que mantiene con Guatemala, que ya respondió que sí acepta que el caso se resuelva ante la Corte Internacional de Justicia.
En opinión de expertos sobre el caso Belice y abogados conocedores del estamento constitucional que nos rige, el acuerdo especial para someter ante la Corte Internacional de Justicia el diferendo territorial, insular y marítimo suscrito entre Belice y Guatemala el 8 de diciembre de 2008, es inconstitucional, toda vez que no fue sometido a consulta popular según quedó establecido. Así pues, todo lo actuado con posterioridad resulta nulo, tal los decretos del Congreso de la República 31-2010, para llevar a cabo la Consulta y 1-2017, que da instrucciones al Tribunal Supremo Electoral para llevarla a cabo, definiendo la pregunta a hacer a la ciudadanía que deberá ser respondida SÍ o NO.
Para terminar con el tema de la consulta popular del domingo, creo conveniente hacer algunos análisis de sus cifras. Estas indican un interés de los guatemaltecos por participar, lo cual se comprueba con el alto porcentaje de votantes en las urnas: (en números redondos), el 26%. Esto significa un 7% más de los asistentes en la anterior consulta, realizada en 1999, y un 11% más del número obtenido en la primera consulta, realizada en 1994. En términos absolutos, la cifra es considerablemente mayor: el domingo fue de casi dos millones; en 1999, el número fue de 890 mil y en 1994, de 539 mil. Esto se debe al aumento del padrón electoral, como resultado del crecimiento de la población. En resumen, ahora hay 1.4 millones de votantes más.
La participación ciudadana en la consulta popular celebrada el pasado domingo, en torno al 25% del padrón electoral, revela el poco interés que despierta en los guatemaltecos la discusión de un tema importante para la gobernabilidad, el orden y la paz del país, de Belice y de Centroamérica. No es de extrañar la apatía ciudadana, pues los problemas que aquejan a la mayoría, esos de los que se platica en cada reunión familiar —inseguridad y violencia, desempleo, impunidad y corrupción, entre otros-, no están siendo tratados por quienes toman decisiones al administrar lo público.
La Comisión de Postulación ha sentado un precedente de saludable independencia en el prolongado y difícil proceso para seleccionar a seis aspirantes para dirigir el Ministerio Público, entre los cuales el presidente Jimmy Morales debe elegir al próximo fiscal general para sustituir a Thelma Aldana.
La consulta popular de Guatemala para decidir si lleva a la Corte Internacional de Justicia el diferendo con Belice estuvo marcada por el abstencionismo, aunque el porcentaje fue menor al de otros referendos.
