Bien público

Guatemala: transición democrática inconclusa

Jonathan Menkos Zeissigjmenkos@gmail.com

La participación ciudadana en la consulta popular celebrada el pasado domingo, en torno al 25% del padrón electoral, revela el poco interés que despierta en los guatemaltecos la discusión de un tema importante para la gobernabilidad, el orden y la paz del país, de Belice y de Centroamérica. No es de extrañar la apatía ciudadana, pues los problemas que aquejan a la mayoría, esos de los que se platica en cada reunión familiar —inseguridad y violencia, desempleo, impunidad y corrupción, entre otros-, no están siendo tratados por quienes toman decisiones al administrar lo público.

Si efectivamente la consulta popular costó Q300 millones, esto representa tres veces el presupuesto que el Estado destinará a la educación diversificada en 2018, un nivel educativo que solo llega a cubrir a uno de cada cuatro adolescentes con edad para cursarlo. ¿Quién decidió por qué es más importante invertir en una consulta popular que utilizar los recursos para ampliar la cobertura educativa, reestructurar el enfermo subsistema de salud pública o atender los problemas de violencia e inseguridad?

No se trata de estar en contra de este proceso político. Más bien, ahora que ya pasó, el mismo permite comprender la poca madurez política, no de los ciudadanos, sino de quienes toman decisiones, y abre la puerta para reconocer que la transición democrática en Guatemala es algo inconcluso. Antes de proponerle a la ciudadanía responder sobre temas que le son tan abstractos y lejanos (quizá no lo sean tanto para quienes viven en la frontera con Belice), el Estado debe procurar que la participación ciudadana, como el voto, se haga con el estómago y la cabeza llenos, el primero de alimento, el segundo de conocimientos sobre historia, cultura, derechos y democracia.

Democracia no significa únicamente que los ciudadanos sean convocados a las urnas periódicamente. La democracia, la que pone al centro al ciudadano para decidir el rumbo de la organización social, política y económica se sustenta, además de en el voto, en la persecución de la igualdad y el bienestar de todos, mediante el trabajo, el ingreso mínimo de cada persona para subsistir, la protección social y la universalización de bienes públicos tales como la educación, la salud y la justicia.

Para concluir la transición hacia la democracia en Guatemala se deben cortar instituciones que hoy marcan la vida del país para dar paso a nuevas: el racismo y la discriminación deben cambiarse por la solidaridad y la igualdad; la persuasión, mediante la fuerza y el poder económico y mediático —un ejemplo actual es la campaña a favor de la minería—, por el consenso y la persuasión democrática; del estado de bienestar residual actual que permite miseria, ignorancia y migración forzada, hacia un sistema de protección social que se fundamente en la igualdad y aumente la eficiencia económica; de un modelo de negocios corporativista, que beneficia principalmente a corruptos, a un modelo que asegure, mediante el mercado y el Estado la satisfacción de las necesidades de la población, cuide su ambiente natural y, mediante el control social, ceda al mercado la asignación de recursos, pero garantizando los derechos de las personas y comunidades.

Finalmente, una democracia más integral requiere de un sector público efectivo, bien financiado, transparente y blindado ante cualquier intento de captura. Solo así podrá cumplir las funciones que promueven identidad nacional, legitimidad política y certidumbre, mediante políticas de crecimiento económico, política fiscal, protección social y gobernabilidad democrática.

jmenkos@gmail.com