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Los amparistas exponen que las convocatorias para la designación de magistrados del Legislativa y Judicial obviaron requisitos claves como la idoneidad y honorabilidad, para el caso del Ejecutivo advierten peligro por un posible nombramiento que deje de lado cualidades como la honradez y la ética.
De estas impugnaciones tres ya pueden ser conocidos en la sesión de Pleno de la CC para definir si procede o no otorgar un amparo provisional, el resto de aún esperan informes circunstanciados que permitan su discusión en una sesión plenaria.
Pero durante la semana ninguna fue incluida en la agenda según informó el equipo de comunicación social de la CC, que agregó que los magistrados se reúnen de lunes a jueves, salvo en casos excepcionales que también recurren a una quinta sesión extraordinaria para los viernes.
Las inconformidades también llegan al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) que este viernes espera elegir a su magistrado titular y suplente; este órgano elector ha recibido dos apelaciones, que como en los casos anteriores, señalan vacíos en la convocatoria y en la inscripción de candidatos.
El Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) ha recibido dos acciones de amparo; la primera señala lagunas en su convocatoria y la segunda ordenó incluir a tres candidatos que habían sido excluidos del proceso. La casa de estudios espera designar sus magistrados este viernes de un total de 10 candidatos, pero otros dos aún esperan resoluciones legales con las que pretenden también ser añadidos en la nómina de participantes.
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CC sin límites
Datos del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) revelan que durante el 2019 la CC emitió 1 mil 501 resoluciones, de las cuales 1 mil 29 fue por apelaciones de sentencia, 432 por amparos y únicamente 40 inconstitucionalidades.
El 60% de esas resoluciones tienen un carácter económico por ser procesos relacionados con demandas laborales, tributarias y hasta presupuestarias, en las que apenas un 5% son de expedientes relacionados con la política.
Para Francisco Quezada, investigador del Cien, el Pleno de la CC se ha ido extralimitando en sus atribuciones ya que entra a conocer expedientes que no le corresponden generando una fragmentación en la independencia de poderes, por asegura necesario que la próxima Corte defina claramente su plan de trabajo.
“Cualquiera que llegue va a ir a administrar una CC crecida, llena de poder que no le corresponde. Yo si quisiera escuchar de candidatos que digan voy a reducir la injerencia de la CC para llevarla a lo que fue creada, porque quien administra un poder de esa naturaleza, como dice el refrán, el poder absoluto corrompe absolutamente”, comentó.
A la vez agregó que si las acciones de amparo no son resueltas a la brevedad podrían ocasionar un rompimiento en los plazos constitucionales como el que sufre en la actualidad la CSJ, escenario que a su criterio vendría a debilitar el sistema de justicia.
“Si hay un riesgo enorme de que esos amparos estén siendo utilizados para sacar de competencia a abogados y para dilatar el proceso, o sea para tener a los magistrados ad hoc más tiempo, ese es uno de los peligros más grandes. Toda esta actividad que se está viendo alrededor de la CC no se daba antes porque la Corte no tenía el poder que tiene hoy (…) los políticos ya vieron que ahí está concentrado el poder más aún que el de las elecciones generales porque los límites de poder de la CC son muy reducidos”, precisó.
Apresurar las resoluciones
Dos constitucionalistas coinciden que la cantidad de amparos que se observan alrededor de la designación de la CC es preocupante porque aumenta las probabilidades para que se incumpla, de nuevo, con los plazos que fija la Constitución Política de la República de Guatemala.
“Es una posibilidad que ya se ha vuelto costumbre, contraria a la ley contraria al Derecho, pero lamentablemente si hay muchos colegas que actúan con total abuso de Derecho en unos casos y algunos hasta podríamos decir que premeditadamente, el único paliativo que podría existir es que los tribunales resuelvan estos asuntos con toda premura”, comentó Gabriel Orellana.
Por su parte Alfredo Siekavizza espera que ese escenario no ocurra, “eso sería terrible porque la idea es tener una ley, un sistema legal y un sistema jurídico en el cual los plazos constitucionales son de cumplimiento obligatorio, esta CC ya ha evidenciado que no es de ese criterio pero esperemos en que no pase eso porque entonces podríamos entrar en ilegalidades, los propios magistrados que se ampararan y a través de eso prorrogaran su magistratura fuera de los periodos estarían incumpliendo la propia Constitución y caerían en delito”.
Mientras se sigue desconociendo alguna fecha para que la CC entre a conocer los amparos la Asamblea Social y Popular ya anunció otras dos acciones legales por dudar del proceso de designación que tienen a su cargo el Congreso de la República y la Presidencia de Guatemala.
