Sucesos

Prestamistas colombianos: PNC investiga otro crimen en Mixco que podría estar vinculado con este grupo criminal

Un hombre de 25 años murió en forma violenta dentro del mercado de El Milagro, zona 6 de Mixco. Las denuncias de familiares apuntan hacia prestamistas colombianos.

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Carlos Enrique Ajín Reynoso, de 25 años, murió baleado dentro del mercado de El Milagro, zona 6 de Mixco, este 6 de septiembre. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales Mixco).

Carlos Enrique Ajín Reynoso, de 25 años, murió baleado dentro del mercado de El Milagro, zona 6 de Mixco, este 6 de septiembre. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales Mixco).

Los Bomberos Municipales de Mixco reportan este 6 de septiembre un ataque armado en la sección S, lote 40, del mercado El Milagro, zona 6 mixqueña cuyo saldo fue un hombre muerto a balazos. El crimen lo vinculan con presuntos prestamistas que usan la modalidad “gota a gota”.

Hasta ahora se desconocen las causas del ataque armado, aunque las primeras pesquisas apuntan hacia sujetos vinculados con el grupo criminal de “prestamistas colombianos”, que operan en mercados de aquella localidad hace años. 

De acuerdo con información de agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (Deic) de la Policía Nacional Civil (PNC) el hecho, según el testimonio de familiares, tiene indicios de estar vinculado con personas que se dedican a “prestar dinero con intereses diarios”, en esa área del municipio de Mixco.

La víctima fue identificada como Carlos Enrique Ajín Reynoso, de 25 años, quien residía en la 33a calle y 13 avenida de la colonia Lo de Bran 1 en la zona 6 de Mixco, según familiares entrevistados en la escena del crimen.

Familiares que presenciaron el hecho le contaron a las autoridades que desde hacía semanas Ajín Reynoso, que es comerciante, había adquirido un préstamo con sujetos vinculados con esa estructura a la que el Ministerio de Gobernación (Mingob) le ha declarado la guerra y ha capturado a más de 80 en lo que va de 2023.

Modalidad gota a gota es usura

A la mayoría los han acusado de usura, sin embargo, pocos casos han llegado a los tribunales de justicia. Los familiares de la víctima indicaron que desde hace algunos días lo habían acosado para que pagara las cuotas establecidas. Sin embargo, al no hacerlo optaron por asesinarlo en el mercado de El Milagro.

Las operaciones de prestamistas colombianos las han detectado las autoridades en San Marcos, Quetzaltenango, Escuintla y Retalhuleu.

Además, en Suchitepéquez, Jutiapa, Petén, Chiquimula, Izabal, Jalapa y en el departamento de Guatemala, en mercados de Villa Nueva, Mixco, San Miguel Petapa, San Juan Sacatepéquez, entre otros.

Desde julio el Mingob ha reforzado la seguridad en las fronteras con El Salvador debido a las disposiciones del gobierno de Nayib Bukele, al dar un plazo de 72 horas para que colombianos en “situación irregular” abandonaran ese territorio, tras revelar la existencia de una estructura que se dedicaba a prestar dinero en forma ilegal.

A estos prestamistas los sindican de cometer usura porque manejan la modalidad de “gota a gota”, nombrado así por la forma en que agobian a sus víctimas para exigirles el pago del dinero, más intereses inmejorables, a veces muy por encima de lo acordado al inicio.

La usura es una práctica ilegal, que según las autoridades consiste en cobrar excesivos intereses sobre un préstamo. Esto implica que el que presta dinero busca aprovecharse de la persona que adeuda el dinero para enriquecerse más.

Pero estos prestamistas, además de aprovechar la desventaja de los deudores por su inexperiencia, pueden llegar a ejercer la violencia para requerir los pagos, lo que entonces las autoridades pueden considerar como un tipo de extorsión.

En el Congreso se presentó la iniciativa 5743, ley contra la usura y negociaciones usurarias (préstamos particulares) cuyo objetivo era regular esta actividad.

La propuesta se enfocaba “en aquellos préstamos que por falta de garantía, y por carecer de políticas, las personas buscan obtener por necesidad y acuden a personas particulares que otorgan el dinero, pero cobran intereses altos y les coaccionan o amenazan si no pagan”.

La iniciativa buscaba “terminar con el proceso de violencia, presión y amenazas en contra de quienes no pueden pagar por alguna razón”. Sigue su curso en el Legislativo.

Esta actividad, según especialistas consultados, se desarrolló en Bogotá, Colombia en 1990, y se expandió por las ciudades más importantes de esa nación y luego migró a otros países sudamericanos y centroamericanos como Guatemala, El Salvador y Honduras.

El dinero, según explican, proviene del narcotráfico. Es dinero que las organizaciones criminales necesitan poner en circulación, porque es muy incómodo tenerlo, que no circule y y no poder depositarlo en instituciones bancarias legales, citan las fuentes.