En las elecciones del próximo domingo por primera vez participarán 10 partidos y nueve candidatos presidenciales, y un gobernante, Juan Orlando Hernández, buscará reelegirse.
La oposición alega que Hernández viola la Constitución, que no permite la reelección presidencial bajo ninguna modalidad, pero un fallo del poder judicial dejó abierta esa posibilidad en 2015.
La violencia criminal, que hace 40 años no era extrema, hace cuatro años puso al país como uno de los más violentos del mundo, con casi 90 homicidios por cada cien mil habitantes.
Esa cifra se habrá reducido al cerrar 2017 a 42 homicidios por cada cien mil habitantes, ha dicho el presidente Hernández, quien además señaló que ahora apostará por que el número de muertos baje a 20 y así sucesivamente, hasta niveles tolerables.
Hernández también resalta entre sus logros haber reducido sustancialmente en su país el narcotráfico procedente de América del Sur, haber entregado en extradición Estados Unidos a casi una veintena de traficantes de drogas y creado muchos empleos, aunque dice que todo lo hecho hasta ahora no es suficiente.
En lo respecta a la corrupción, que ha salpicado a todos los gobiernos en mayor o menor grado, Honduras está en un proceso de frenar ese flagelo con apoyo de la comunidad internacional, comenzando por la Organización de Estados Americanos (OEA).
42 homicidios por cada cien mil habitantes, una de las cifras más altas de la región, registra Honduras
Tras un acuerdo entre el gobierno hondureño y el ente hemisférico, con el respaldo de muchos sectores y ratificado en enero de 2016, en abril de ese año se instaló en Tegucigalpa la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
El equipo de la MACCIH ha venido impulsando varias acciones contra la corruptela, entre ellas la aprobación por el Parlamento de la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos, conocida como Ley de Política Limpia.
La nueva ley se orienta a evitar que lacras como el narcotráfico financien campañas de partidos políticos y candidatos, lo que habría ocurrido en algunos procesos electorales anteriores según versiones extraoficiales que nunca fueron investigadas por las autoridades.
En política exterior, Honduras cierra 2017 con un sabor agridulce sus relaciones con Estados Unidos porque la Casa Blanca no amplió por 18 meses el Estatus de Protección Temporal (TPS) que beneficia a unos 57 mil hondureños que viven en ese país.
La Administración de Donald Trump anunció a inicios de noviembre que el TPS para los hondureños fue ampliado solamente por seis meses, hasta el 5 de julio de 2018, lo que supone una eventual deportación gradual de hondureños favorecidos con ese programa.
Las gestiones que Hernández hizo al más alto nivel con el gobierno de Trump no tuvieron la respuesta que esperaba Honduras, donde las remesas de sus connacionales en extranjero, principalmente EE. UU., representan casi un quinto de su producto interno bruto.
Con Venezuela, las frías relaciones bajaron de grado en la víspera de las elecciones, cuando el pasado día 19 el gobierno de Honduras anunció que exigirá “visa consultada” a los venezolanos que quieran venir al país, una medida de “aplicación inmediata”, “sin excepción” para los nacionales de ese país sudamericano.
En la víspera también trascendió una denuncia del exsubsecretario de Estado de EE. UU. para Asuntos del Hemisferio Otto Reich, en el sentido de que el gobierno de Venezuela envió a Honduras 145 delegados vinculados al gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela.
Los 145 venezolanos, según Reich, llegaron a Honduras “pasando los puntos de inmigración escondidos, disfrazados como turistas, técnicos o empresarios para incorporarse en la campaña perversa que favorece a los amigos de Manuel Zelaya Rosales”, derrocado en junio del 2009 y rechaza las pretensiones de reelegirse de Hernández.Honduras elecciones
