El objetivo principal de cercar la comunidad desde el martes 1 de agosto de 2023, es “evitar la salida de pandilleros del departamento y cortar todas las líneas de suministro de los grupos terroristas”, según expuso Bukele en una publicación en la red social X, anteriormente conocida como Twitter.
Un portavoz de la presidencia salvadoreña, informó que en un periodo de una semana van detenidos más de 50 personas sospechosas de ser miembros de pandillas dentro del cerco de seguridad, según declaró a la agencia EFE.
La fuente indicó que entre el 1 al 7 de agosto se contabilizan 52 detenidos y se han decomisado 19 armas, 2 escopetas, una granada y un arma artesanal.
El departamento de Cabañas se convirtió en el primero en ser “cercado” en su totalidad, bajo el régimen de excepción que Bukele impuso desde marzo 2022.
El operativo para instalarse en esa comunidad requirió un gran despliegue de fuerzas de seguridad, entre mil policías y 7 mil soldados ocupando solo esa región.
La medida se impuso para la búsqueda de los remanentes de la maras y los pandilleros que habrían huido a zonas rurales para evitar ser capturados.
Durante la medida de excepción, que suspende algunas garantías constitucionales y que ha sido objeto de críticas y señalado a nivel internacional de violar derechos humanos, han sido capturadas más de 71 mil personas señaladas de ser pandilleros.
Los operativos de búsqueda se han centrado en las zonas rurales de Cabañas, donde, de acuerdo con las autoridades, están “escondidos” miembros de “células” de maras que han “huido” a estos lugares para evadir su captura o buscar cómo abandonar el país.
La Oficina en Washington de Asuntos Latinoamericanos (WOLA, en inglés) señaló recientemente que “es alarmante que el régimen de emergencia (excepción) se haya convertido en una política de seguridad ciudadana permanente y sin control” en El Salvador.
WOLA recordó que organizaciones de la sociedad civil han documentado graves abusos como detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, procesos penales sin las garantías del debido proceso y aproximadamente 153 muertes bajo custodia estatal.
