Aunque sea una cuestión de salud pública que exige que un Estado como Países Bajos vacune al 70 % de sus ciudadanos para controlar la pandemia, recibir una inyección contra el covid-19 seguirá siendo voluntario porque es complicado, legalmente, obligar a alguien a vacunarse si rechaza la vacuna o desconfía, influenciado por teorías de la conspiración.
Pero los holandeses no quieren que paguen justos por pecadores: dos tercios de la población apuesta por introducir un certificado de vacunación, una tarjeta que llevar en la cartera junto al DNI, como salvoconducto para entrar a comercios, bares, discotecas, museos o visitar a sus mayores en las residencias.
Una investigación de la Universidad Tecnológica de Delft, junto al Instituto de Salud Pública (RIVM), dio a 1.640 encuestados -representativos en edad, género y educación- a elegir entre nueve posibles políticas para aumentar la cobertura de la vacunación, con opciones como la imposición de restricciones a quienes rechacen vacunarse, o la recompensa a los vacunados.
Un permiso para fiestas, otro para residencias
Mientras el 71 % optaría por un certificado que le dé permiso a los vacunados a reunirse en grandes grupos sin mantener la distancia de metro y medio, como en conciertos, festivales y partidos de fútbol, un 73 % está a favor de que las personas que reciban la inyección tengan otra variante de salvoconducto que les dé acceso a tiendas, residencias de ancianos y transporte público cuando haya un brote de coronavirus en su zona.
Esto supondría en la práctica que, de haber un brote de covid-19 en La Haya, por ejemplo, discotecas, bares y restaurantes de la ciudad continuarían abiertos solo para aquellos que tengan el comprobante de vacunación, rechazando a las personas que no lo tengan, sea porque aún no les haya llegado el turno, o porque se nieguen a ello.
Dado que repartir certificados solo sería justo y posible cuando hayan tenido la oportunidad de vacunarse, el 64 % de los encuestados creen que el gobierno debería tratar de convencer a la mayor cantidad posible de ciudadanos de que se vacunen, frente al 13 % que no ve con buenos ojos una campaña que haga presión.
Los defensores de la introducción de un comprobante de vacunación lo perciben como una “recompensa” por su comportamiento social y la responsabilidad, que, por otro lado, también brinda a sectores como la hostelería la oportunidad de permanecer abiertos en un ambiente seguro, al tiempo que se protege la libertad de los que no quieran vacunarse por convicción.
¿Incentivo o castigo?
No todos los opositores a esta medida lo hacen porque no vayan a vacunarse: un porcentaje importante está preocupado por su privacidad, la susceptibilidad al fraude y la viabilidad legal de un certificado de este tipo, señala a la televisión holandesa NOS Niek Mouter, investigador científico de Delft y uno de los autores del estudio.
“Los holandeses prefieren ser incentivados y recompensados, que obligados y castigados por no vacunarse”, añade Mouter sobre una investigación que concluye que más de la mitad de los ciudadanos estarían en contra de la vacunación obligatoria, mismo porcentaje que negaría la entrada a los sanitarios no vacunados a zonas que alojen a personas vulnerables.
Destaca que solo los convencidos antivacunas están contra la introducción del certificado, mientras la mitad de quienes tiene aún dudas sobre su vacunación están a favor del salvoconducto porque eligen una opción “aplicable solo a su persona” y que, aunque acaben sufriendo sus efectos, entienden que “es importante que la economía siga funcionando”.
El ministro de Sanidad, Hugo de Jonge, aclaró que no planea convertir la vacunación en una obligación y justificó su rechazo a compensar a aquellos que sean vacunados: “No queremos que se convierta en una presión implícita o, incluso, una forma de coerción y hacer presión”, lo que, según él, podría tener un efecto contrario, aumentando el número de antivacunas.
El Gobierno neerlandés ha encargado una investigación al Consejo de Salud nacional para determinar el efecto que tendría en la salud pública que parte de la sociedad no se vacune, antes de determinar su estrategia.
Cuando el Ejecutivo comience su campaña de vacunación, previsiblemente el 8 de enero, dispondrá de una base de datos central para el seguimiento de quienes reciban la inyección, para poder monitorear efectos secundarios no detectados, y que ofrecerá a los ciudadanos descargar un certificado de vacunación a partir de marzo.
