Según la Sala de lo Constitucional de la CSJ, los legisladores que decidieron sobre la aprobación de la emisión de bonos no están “legitimados” por el pueblo, ya que no fueron elegidos directamente en unos comicios por los ciudadanos.
Los recursos “se utilizarán para financiar las medidas extraordinarias de seguridad pública, ya que en las actuales circunstancias se vuelve indispensable fortalecer la atención a todo plan de lucha contra la inseguridad”, reza la iniciativa aprobada con los votos favorables de los diputados que conforman el Congreso salvadoreño.
152 millones de dólares se utilizarán para el combate a pandillas
70 diputados de 84 votaron a favor de la iniciativa
3,550 muertes violentas se contabilizan este año en El Salvador
El total aprobado se distribuirá en la mejora del sistema penitenciario, compra de material para el combate, financiación de la corporación policial y militar, y potenciar el trabajo de la Fiscalía General de la República (FGR), entre otros.
Del monto aprobado, el sistema penitenciario recibirá US$43,5 millones para construir tres “centros de reclusión temporal” para reos de baja peligrosidad y reforzar las cárceles que albergan pandilleros.
También se destinarán US$43,7 millones para la compra de armamento, drones y la creación de un fondo para “policías caídos”.
Parte de este dinero otorgado a la Policía se usará para financiar un comando elite, desplegado a mediados de marzo, que tiene como objetivo “golpear” y “desarticular” a las columnas armadas de pandilleros que se resguardan en las zonas rurales del país.
Por su parte, el Ejército recibirá un total de US$19,95 millones para la “operatividad” de seis mil 300 elementos que patrullan las calles, el sueldo de mil nuevos reservistas, de los que 600 ya fueron desplegados, y un fondo para familiares de militares muertos.
En el paquete también se incluyó la emisión de US$37,3 millones para el pago de pensiones de militares retirados.
Otros US$7,5 millones se asignarán a la Fiscalía para renovar sus vehículos, “aplicaciones tecnológicas” y “fortalecimiento de oficinas”.
Los legisladores de la opositora Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), quienes obligaron a abortar la votación en las sesiones del 28 de abril y 5 de mayo del Congreso, condicionaron sus votos a la creación de mecanismos que permitieran volver “más transparente” la utilización de los fondos.
Esto llevó a incluir en el decreto la obligación para el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (CNSCC) de contratar una “auditoría externa” que se suma a la fiscalización del dinero que debe hacer la Corte de Cuentas, a la que se le mandó a presentar un informe cada 90 días.
De igual forma, los fondos no podrán ser transferidos a ningún otro proyecto fuera de lo establecido en el decreto aprobado para la emisión de los bonos.
La número de asesinatos de El Salvador en lo que va de 2016 supera los tres mil 550, lo que convierte al país en uno de los más peligrosos e inseguros del mundo.
