Durante un almuerzo en Miami con el exilio cubano, John Bolton, asesor presidencial de Donald Trump, confirmó las nuevas medidas del Gobierno, que incluyen también nuevas sanciones contra el Banco Central de Venezuela, que es el que “mantiene en el poder” al presidente Nicolás Maduro.

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Bolton anunció sanciones contra el Banco Corporativo de Nicaragua y contra Laureano Ortega Murillo, hijo de Ortega y la vicepresidenta, Rosario Murillo.

Sin ahondar en el tipo de castigo, el asesor de Trump acusó a Ortega Murillo, representante de la agencia oficial de inversión y exportaciones ProNicaragua, de “una gran corrupción bajo el disfraz de la agencia líder de inversiones de Nicaragua”.

“Vamos por los bolsillos de la familia de Ortega, quienes continúan viviendo de la miseria del pueblo nicaragüense”, se lamentó Bolton.

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Nicaragua está en una crisis social y política, que se inició hace un año con unas protestas contra el Gobierno por unas reformas al sistema de pensiones y que han derivado en hechos violentos que ya dejan cientos de muertos.

Bolton también señaló que las remesas a Cuba se limitarán a “mil dólares por persona por trimestre” y que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos también reducirá los “viajes no familiares” a al isla, o en otras palabras, el “turismo con velo”.

De igual forma, anunció que se agregarán cinco empresas militares cubanas, entre ellas Aerogaviota, a la lista de entidades con las que se “prohíben transacciones financieras directas” por su vinculación con servicios y personal militar cubano.

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Estados Unidos confirmó este miércoles que a partir de mayo permitirá reclamar ante cortes estadounidenses propiedades expropiadas tras la Revolución cubana, una medida que podría abrir la puerta a miles de demandas contra compañías extranjeras y a una disputa con la Unión Europea (UE) ante la OMC.

El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, anunció la próxima activación de los títulos III y IV de la ley Helms-Burton, que todos los presidentes estadounidenses habían mantenido suspendidos desde que se aprobó esa norma, en 1996, con base en un acuerdo alcanzado con la Unión Europea.

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