El Gobierno del presidente de EE. UU., Donald Trump, publicó este lunes una lista de los inmigrantes acusados o condenados por diferentes delitos.
El mandatario también adviritió las entidades locales que se niegan a colaborar con las autoridades migratorias para impulsar su deportación.
La lista publicada este lunes forma parte de una orden ejecutiva proclamada por Trump el 25 de enero, dijeron en una conferencia telefónica funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que pidieron el anonimato.
“Esta es realmente una campaña de educación para mostrar al pueblo estadounidense lo que hacen nuestros agentes diariamente y para mostrar qué jurisdicciones no cumplen con las normas”, dijo uno de esos altos funcionarios en la llamada con la Prensa.
Según el informe, las autoridades migratorias emitieron tres mil 83 órdenes de detención contra inmigrantes acusados o condenados por crímenes entre el 28 de enero y el 3 de febrero.
De esas tres mil 83 órdenes de detención, al menos 157 no pudieron ejecutarse debido a la negativa de la policía local de los llamados condados y ciudades “santuario”, aquellos donde las autoridades se niegan a informar al Gobierno del estatus migratorio de sus detenidos para evitar su deportación.
Específicamente, el Gobierno señala a 10 condados, entre los que destaca el condado de Clark (Nevada), que se negó a ejecutar 51 órdenes de arresto y donde la población hispana constituye casi el 30 % de los habitantes, según los datos del último censo, realizado en el 2010.
Además, el Gobierno señala al condado de Nassau (Nueva York), que se negó a ejecutar 38 órdenes de detención, y también al condado de Cook (Illinois), donde hubo 13 órdenes de arresto no ejecutadas.
Las órdenes de detención emitidas contra los inmigrantes con cargos criminales obligan a las policías locales a notificar lo antes posible a las autoridades migratorias para que los agentes del ICE puedan interrogar al acusado y ponerlo bajo su custodia para iniciar los procesos de deportación.
En corto plazo
La normativa interna recomienda que las policías locales avisen al ICE en un plazo de 48 horas, detallaron los altos funcionarios del DHS y el ICE en su llamada con la prensa.
“Se trata de un tema de seguridad nacional, son arrestados por cargos criminales y, a pesar de que el ICE pide tenerlos bajo custodia, las policías locales no respetan esa petición y ponen en libertad a estos individuos, lo que significa un gran riesgo para nuestras comunidades”, dijo uno de los altos funcionarios.
Las autoridades migratorias pusieron de ejemplo a Milton Berrera-López, un nacional de Guatemala que fue puesto en libertad por las autoridades del estado de Filadelfia, a pesar de que el ICE había emitido una orden de detención y el hombre había sido condenado por abuso de menores.
Entre los inmigrantes que fueron puestos en libertad por las autoridades locales también figura Estivan Rafael Marques
Las autoridades migratorias pusieron de ejemplo a Milton Berrera-López, un nacional de Guatemala que fue puesto en libertad por las autoridades del estado de Filadelfia, a pesar de que el ICE había emitido una orden de detención y el hombre había sido condenado por abuso de menores.
Velasquez, un salvadoreño que ha admitido formar parte de la pandilla de la Mara Salvatrucha (MS-13) y fue puesto en libertad por la policía de la ciudad de Nueva York.
El hombre tiene un historial criminal en Estados Unidos que incluye la posesión ilegal de un arma, detalló el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado.
Los altos funcionarios del DHS y el ICE adelantaron que los informes se publicarán de manera semanal y estimaron que las cifras en los próximos documentos crecerán “tremendamente”, a medida que las autoridades puedan recolectar más información sobre los condados y ciudades “santuario”.
Trump quiere acabar con las “ciudades santuario”, entre las que se encuentran grandes urbes como Los Ángeles y Nueva York, y ha amenazado con arrebatar fondos federales a las entidades locales que se nieguen a colaborar con las autoridades migratorias para deportar a los inmigrantes acusados o condenados por crímenes.
