El juez Orrick considera que la orden ejecutiva es inconstitucional. El magistrado había ordenado ya en abril la suspensión temporal de la orden mientras tenía lugar el litigio. Ahora ha hecho permanente esa suspensión.
No obstante, no se trata aún de algo definitivo, ya que el Gobierno ha recurrido la decisión judicial ante una corte de apelaciones. “El Departamento de Justicia reivindicará la autoridad legal del presidente para dirigir el poder ejecutivo”, indicó un portavoz en un comunicado emitido el lunes por la noche.
Citado por medios estadounidenses, el abogado de la ciudad de San Francisco, Dennis Herrera, consideró el fallo del juez Orrick como “una victoria para el pueblo estadounidense y para el imperio de la ley”.
San Francisco no solo no colabora con las autoridades migratorias con efectos de deportación, sino que tiene legislación expresa que prohíbe a los trabajadores municipales ayudar a las autoridades federales en ese campo.
No solo hay ciudades santuario. El Centro de Estudios sobre Inmigración (CIS, en ingles), que persigue una reducción de la inmigración en Estados Unidos, sitúa en el mapa del país más de 300 lugares (estados, condados y ciudades) con políticas que califica de “no cooperadoras y obstructivas con la aplicación de las leyes inmigratorias”.
