El último semestre de 2017 se caracterizó por un enfrentamiento explícito entre dos grupos: quienes quieren regresar al estado en que estaban las cosas antes de abril de 2015 y quienes buscan profundizar las transformaciones iniciadas para terminar con el sistema patrimonialista y corrupto sobre el que está construida Guatemala.

La lucha contra la impunidad que evidenció la captura y cooptación del Estado por grupos de poder político y económico —otrora intocables— desató una ofensiva jurídica, política y mediática que se mantiene latente y que volverá a arreciar una vez se presenten nuevos casos contra macroestructuras criminales y, por supuesto, cuando inicie el proceso para la elección de la persona que ocupará el cargo de Fiscal General de la República. No cabe duda de que intentarán llevar la polarización a su máximo extremo.

Este es un momento de especial trascendencia para Guatemala porque estamos en el punto de inflexión en el que o avanzamos o retrocedemos. Nos estamos jugando la posibilidad de iniciar una transformación de fondo o de acentuar el estatu quo y enterrar por al menos otra década toda posibilidad de cambio.

El bloque proimpunidad, integrado por los afectados por procesos penales que están en marcha y por quienes sienten que serán los próximos en la lista —políticos, funcionarios, exfuncionarios, empresarios y banqueros, militares y exmilitares, abogados, operadores de justicia, incluyendo varios exmagistrados; el monopolio de la televisión abierta, el bloque hegemónico del poder económico, los narcotraficantes, el grupo de tarea Mariscal Zavala, los prófugos y, por supuesto, el presidente Jimmy Morales y su juntita— tiene un objetivo común: lograr el control del Ministerio Público (MP) a partir de elegir un fiscal general a su medida.

Un fiscal proimpunidad garantizaría la ralentización de los procesos existentes, el fin del trabajo conjunto entre el MP y la Cicig, la clausura de las investigaciones penales por delitos de lesa humanidad (por aquello que la impunidad del pasado garantiza la impunidad del presente) y un incremento de la criminalización por la vía del derecho penal contra defensores de derechos humanos, líderes comunitarios, autoridades indígenas e integrantes de los movimientos campesinos y de resistencia.

Para lograrlo todas las piezas tienen que estar alineadas. Por eso también se empeñan en controlar (¿cooptar?) la elección de la nueva junta directiva del Congreso que les garantiza no solamente que no prosperen las solicitudes de antejuicio (como la del señor Morales), sino que se detenga cualquier iniciativa de reforma legal; la del Contralor General de Cuentas (clave en cualquier proceso de fiscalización), y la de la Rectoría de la Usac (la universidad pública tiene iniciativa de ley, un rol activo en las comisiones de postulación y nomina integrantes en decenas de entidades del Estado), no sea que se les cuelen candidatos independientes y comprometidos con la transformación del país o algún que otro “convertido” como ya les ha ocurrido.

La elección de fiscal general supone su sobrevivencia —la personal y la del sistema— y por eso se van a jugar el todo por el todo.

El 2018 será el año de las definiciones y, como lo viene haciendo el pelotón proimpunidad, bien haríamos quienes queremos derrotarla en consolidar un sólido bloque contra la impunidad que incline la balanza a favor del cambio profundo del sistema, que le dé viabilidad a este país y oportunidades de desarrollo a las grandes mayorías.