Después de más de un año de gestión política intensa en Washington, el gobierno de Barack Obama logró que el Congreso aprobara una propuesta de cooperación de 750 millones de dólares dentro del Plan para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica, y con ello beneficiará a Guatemala, El Salvador y Honduras. La ayuda está destinada a generar desarrollo en las zonas y comunidades más vulnerables y en las cuales más migración indocumentada se origina hacia Estados Unidos.

Mientras los congresos de El Salvador y Honduras aceptaron la ayuda y presupuestaron su parte en forma específica, en Guatemala nada de eso ha ocurrido. El plan de gastos del 2016 no contempla la asignación al proyecto para honrar la responsabilidad que implica recibir esos fondos, y no se vislumbra una solución en el corto plazo, debido al cambio de gobierno. Nadie se explica cómo la Secretaría de Planificación y el ministro de Finanzas no cabildearon ni propusieron incluir la contrapartida a la que el comisionado presidencial de Competitividad, el canciller y el embajador guatemalteco se comprometieron en Washington.

Es irónica esa actitud si cuando el Plan para la Prosperidad del Triángulo Norte estuvo en sus etapas de diseño y gestión, la cancillería y la embajada guatemaltecas en Washington encabezaron las tareas diplomáticas tendientes a convencer al gobierno estadounidense de que esa era una mejor inversión para controlar el flujo de indocumentados.

Con los cambios que vivió el país, varios temas quedaron pendientes. El Ministerio de Finanzas y la Secretaría de Planificación se adaptaron de manera camaleónica a las tendencias internas y dejaron de hacer ese trabajo importante. El pensamiento gris del equipo encargado el Tesoro no pudo escoger qué proyectos no debería abandonar el gobierno de transición encabezado por el presidente Alejandro Maldonado. Lejos de eso, se dedicó a otros menesteres, posiblemente en busca de asegurar posiciones en la futura administración.

El que Guatemala haya encabezado el esfuerzo diplomático en Washington para lograr esta donación y el Gobierno falle al momento de poner su parte financiera habla muy mal de las autoridades locales ante la comunidad internacional. Nos retrata como una nación desarticulada, que no está dispuesta a hacer su tarea en el esfuerzo multinacional. Es una posición incómoda que para nada refleja el verdadero espíritu de los guatemaltecos a la hora de sumar esfuerzos.

Por eso es que este penoso incidente que ya está en proceso merece atención. Los gobiernos actual y entrante tienen ante sí la responsabilidad de enmendar la plana pésimamente ejecutada por Finanzas y Planificación, y de llamar la atención al actual ministro del Tesoro, porque está de por medio un fondo para crear las condiciones mínimas a sectores altamente vulnerables de nuestra sociedad.

Guatemala queda desagradablemente desdibujada, por responsabilidad de los funcionarios aludidos. Es urgente enmendar lo actuado y hacerlo de manera coherente con la realidad interna y externa.