Por una obvia razón, los alcaldes encabezan las listas de funcionarios con más denuncias por actos de corrupción, abuso de poder, negligencia o malos manejos al frente de sus cargos: son la mayoría de autoridades electas, y algunos incluso han llegado al discutible mérito de mantenerse como caciques regionales durante años, y otros acumulan décadas como supremos mandamases de esos pequeños imperios.

Pero quizá sea la corrupción, moral y financiera, la que está marcando durante los últimos años el ejercicio del poder local en muchos municipios, y por ello en la historia reciente han quedado registradas la persecución y condena de muchos jefes ediles que acumularon fortuna, propiedades y muchos otros bienes que nunca habrían tenido si no hubieran accedido a las millonarias cifras que los vecinos aportan.

Ciertamente, durante los últimos años, la lista de jefes ediles sometidos al imperio de la justicia ha crecido de manera vergonzosa, y por ello es más común observar a figuras todopoderosas, como Arnoldo Medrano, exalcalde de Chinautla, siendo conducido esposado hacia un centro de detención, sindicado de enriquecimiento ilícito y de haber sobrevalorado obras millonarias en su comunidad.

Tampoco sorprendió ver tras las rejas de la carceleta de la Torre de Tribunales al exalcalde de Santa Catarina Pinula Antonio Coro, sindicado por la Fiscalía de Delitos Administrativos de negligencia por haber desobedecido recomendaciones de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, que había advertido de los riesgos para la construcción de viviendas en El Cambray 2, donde una tragedia cobró la vida de unas 300 personas.

Pero es quizá el caso de Medrano el que mejor ilustra esa mezcla de abusos, pues muchas de las autoridades locales han ido incurriendo en una serie de arbitrariedades y extralimitaciones que claramente se han acrecentado en lo que va de este siglo, como también se constata con lo ocurrido a los últimos alcaldes de Antigua Guatemala.

Una denuncia reciente señala que más de cien alcaldes habrían incurrido en otro abuso injustificable, al haber nombrado a numerosos allegados como personal de confianza bajo un supuesto pacto colectivo de condiciones de trabajo, no solo para entorpecer las labores de las nuevas autoridades, sino también para proteger a muchos de sus colaboradores, que quedan enquistados en puestos que, además, pretenden que sean inamovibles.

Un alto porcentaje de las nuevas autoridades ediles se encuentra ahora con el problema adicional de que junto a otras tareas también deberán emprender las acciones legales para desbaratar la maniobra de quienes tras haber resultado perdedores en las urnas implementaron cambios de última hora que claramente se constituyen en acciones dolosas.

Un reto que ahora ya no solo queda en manos de los alcaldes, sino que también se extiende a los órganos jurisdiccionales, que deben esclarecer las acciones dolosas en las que hayan incurrido los exfuncionarios. También debe quedar claro que los pactos colectivos de los empleados públicos están llenos de irregularidades y, como en este caso, ni siquiera son tales, sino que representan una simple maniobra de infames perdedores.