La decisión de la jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, con el objeto de obligar al gobierno a cumplir la orden de la Corte de Constitucionalidad para permitir el ingreso de un funcionario de la Cicig, so pena de retirar el derecho de antejuicio a los responsables, aunque no esté claro, puede significar serios problemas legales para el presidente y los ministros de Relaciones Exteriores y de Gobernación, en un hecho sin precedentes en el país.

La batalla en favor de la impunidad que libran el presidente Jimmy Morales y dos de sus más cercanos colaboradores, los ministros Enrique Degenhart y Sandra Jovel, sufrió un revés ayer, cuando el Ministerio Público ordenó el acatamiento de la orden para el ingreso de funcionarios de la Cicig, dispuesta por la Corte de Constitucionalidad.

Este caso ya no se trata del pleito personal del mandatario para favorecer a las estructuras de corrupción o contra la oficina antimafias de Naciones Unidas. Esto es mucho más serio, porque el derroche de fuerzas de seguridad desplegadas antenoche y ayer en el aeropuerto La Aurora constituye un flagrante desacato de fallos emitidos por la Corte de Constitucionalidad cuyos magistrados mayoritariamente debieron pronunciarse en diversas ocasiones para garantizar el trabajo, ingreso y movilización de los investigadores de la Cicig.

Ahora, con estas medidas de hecho, el presidente y sus partidarios no están buscando proteger al país ni mucho menos velar por la paz social. Se están protegiendo a sí mismos por la cadena de imprudencias en las que han incurrido y que se han agravadas en la medida en que acciones civiles y judiciales les han ido cerrando el paso a sus desaciertos.

No se debe permitir más avances de este grupo de perversos e inmorales funcionarios que tienen secuestrado el poder y buscan utilizarlo en su favor, porque le hacen un enorme daño a cualquier posibilidad de gobernanza. Esto se debe frenar y proceder penalmente contra los responsables del quebrantamiento institucional, sobre todo contra quienes pretenden convertirse en supremos intérpretes de las leyes que no les favorecen.

La tibieza con la que han actuado algunas instituciones también les permitió avanzar demasiado a estos aprendices de tiranos, lo cual empezó con la Corte de Constitucionalidad, una de cuyas magistradas está extraviada por creer que al haberla nombrado el presidente Morales le debe obediencia a él y no al país. Dina Ochoa ha contribuido de manera irresponsable a profundizar la encrucijada, al ponerse al servicio de la politiquería.

Lo mismo ocurre con la actual jefa del Ministerio Publico, Consuelo Porras, quien debe ser más enérgica en sus actuaciones, pues era obvio el rumbo que tomaban los acontecimientos, pues había suficientes muestras de tratarse de usurpadores de los cargos públicos para beneficiarse ellos, sus familiares y una horda de políticos en problemas con la justicia, por lo que debe frenarse esa ofensiva rufianesca.

Queda claro que Morales, Degenhart y Jovel no tienen la menor intención de unir esfuerzos en favor de la lucha contra la corrupción. Es todo lo contrario, pues el mandatario ha encontrado en ellos y muchos funcionarios irresponsables el apoyo para su causa en favor de la impunidad, porque su hermano y su hijo están involucrados en casos de corrupción.