Los graves acontecimientos de la última semana han colocado de nuevo en el interés público el tema de la continuidad de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. En pocos días, nuevas muestras de impunidad se vislumbran detrás de los asesinatos de los periodistas de Mazatenango, de las amenazas que en ese lugar han recibido los fiscales encargados de las investigaciones, y como caso anecdótico, el robo del que fue víctima la ministra de Educación, Cynthia del Águila, frente a la Catedral Metropolitana, a escasos metros del Palacio Nacional de la Cultura.

Por todos lados se comprueba cierta intranquilidad de la que desde hace mucho tiempo se hablaba en voz baja pero que ahora es tema de intervenciones de los ciudadanos en las redes sociales, en las secciones electrónicas de la prensa escrita y en los programas radiales a los que es posible llamar para expresar criterios acerca de la coyuntura nacional.

A causa de este ambiente enrarecido, puede ser contraproducente la visita de Teleb Rifai, Secretario General de la Organización Mundial del Turismo, quien llegó acompañado de Carlos Vogeler, Director Regional para las Américas, a fin de que Guatemala firme el Código Ético Mundial para el Turismo, porque si algo ahuyenta a los visitantes foráneos es la proliferación de rateros en áreas de visita, como es el lugar donde ocurrió el robo.

Los cancilleres del Triángulo Norte de Centroamérica se encuentran en este momento en Washington, para darle seguimiento a los preparativos para presentar el plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, y declararon que este continuará con o sin la participación de Estados Unidos, posición reiterada ayer por el presidente Otto Pérez Molina. Esto confirma que está decidido a mantenerse en ruta de choque con la posición de la Casa Blanca, que necesita tal continuidad para poder convencer a la oposición republicana de autorizar los fondos, un paso crucial para el desembolso de esa ayuda.

La posición presidencial guatemalteca ya está clara. Los ciudadanos interesados en comentar los problemas nacionales se encuentran divididos entre quienes consideran a la Cicig como una especie de vergüenza necesaria, por causa de la realidad nacional, y aquellos que la ven como una intromisión extranjera en la vida nacional. Sin embargo, la realidad objetiva deja poca duda de que el país se encuentra al borde del abismo y por ello se debe aceptar el trago amargo pero necesario de la permanencia de una entidad que se relaciona directamente con la lucha contra la impunidad y las estructuras criminales.

Cualquier medida que se ponga como meta la reducción de la impunidad, debe ser vista como algo necesario para que Guatemala logre emprender el camino de regreso a la credibilidad y la confianza ciudadanas. Desde afuera y en muchos sectores del país, la interpretación inmediata a una oposición tajante a que se mantenga la Cicig, ni siquiera con algunos cambios convenientes, es que existe preocupación porque se frenen las acciones corruptas. No verlo de esta manera resulta ser una equivocación que puede traer consecuencias indeseables.