El inicio de los procedimientos para comenzar el proceso de retirar el antejuicio a ocho diputados oficialistas y a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, decidido por esta última el viernes, puede convertirse en un acontecimiento histórico en beneficio del sistema legal del país, pero para ello es indispensable que los procedimientos sean realizados con cumplimiento de las leyes y su espíritu, tanto en dicha corte como en el Congreso de la República, porque esa falta de corrección echaría por la borda todo el proceso.

El antejuicio es un derecho del que gozan determinados funcionarios de Estado, con el objetivo de evitar que sean víctimas de acusaciones infundadas o malintencionadas. Cuando ocurre un hecho que pueda ser considerado ilegal, o lo sea abierta y claramente, según el caso, corresponde a la Corte Suprema de Justicia o al Congreso decidir si mantiene o se retira ese derecho, a fin de que quien sea sindicado encare un juicio en los tribunales del país. El antejuicio se justifica para evitar linchamientos políticos.

No hay precedente en la historia nacional de que sean ocho los parlamentarios y un magistrado de la CSJ cuyo derecho de antejuicio está en juego, y por dicha causa el asunto tiene posibilidades de quedar en nada. El máximo tribunal del país ya decidió por unanimidad nombrar a quien tendrá a su cargo resolver acerca de levantarle el derecho de antejuicio a ocho de los diputados oficialistas, muchos de ellos multitránsfugas, ahora refugiados bajo el alero del partido oficialista. Esto puede abonar en beneficio de la recuperación del prestigio de la CSJ.

En el caso del magistrado de la CSJ al que esa institución también autorizó el trámite del antejuicio, el asunto es distinto, porque toca al Congreso de la República integrar por sorteo entre la totalidad de sus miembros una comisión pesquisidora. A causa de la peculiar situación de muchos diputados, cuyo prestigio ha menguado tanto, deberían declinar o inhibirse de conocer, en caso de que el azar les otorgara una responsabilidad tan grande como es evitar que el antejuicio sea considerado como un permiso para delinquir.

Como siempre ocurre en los casos de impacto y de posibilidad de establecer precedentes, las decisiones de quienes tengan en sus hombros la tarea de afianzar el sistema y permitirle funcionar, deben estar basadas en criterios que tomen muy en cuenta los valores y el espíritu subyacentes en las leyes. De esa manera se podrá convencer a los escépticos de que la voluntad cívica es el mejor aliciente para cumplir con la ley y desanimar a quienes quieren desobedecerla y, sobre todo, burlarla.

Este periódico coincide con la opinión de quienes consideran que a los nueve sindicados se les debe retirar el derecho de antejuicio, porque hay condiciones para sospechar que cometieron ilícitos, pero es una opinión independiente, con base en el beneficio del sistema jurídico, ahora tan reducido en su prestigio. Lo decidido por la CSJ el viernes anterior puede ser considerado un resultado indirecto de las manifestaciones populares contra la corrupción y los desmanes. No se debe desaprovechar la oportunidad de mantener con hechos la esperanza de un nuevo presente.