La Corte de Constitucionalidad es un ente político-legal cuya misma esencia la hace ser fuente de decisiones integradas por la mezcla de estos dos elementos. Se puede discutir su utilidad, pero ese no es el punto. Sus fallos no pueden ser calificados de ilegales, porque constituyen una interpretación de las leyes y del texto político por excelencia, es decir la Constitución, por algo calificada como Política. Eso no todo el mundo lo sabe, pero sí están obligados a saberlo quienes la integran, así como cualquier persona cuando la consulta, y cualquier autoridad política del país. Dicho esto, no se puede dejar de pensar en los dos últimos fallos, cuyos efectos han sido contraproducentes a causa de errores no legales ni lógicos de los magistrados.

Primero, se tardó más de un año en dictaminar al respecto de la Mina San Rafael. Las numerosas peticiones se referían a un pronunciamiento, no necesariamente a un fallo favorable a la empresa. Por fin lo hizo, pero una resolución gallo-gallina, porque dictaminó a favor, pero lo condicionó a la realización de una consulta con los habitantes de la zona, la cual debe llevar a cabo el Ministerio de Energía y Minas, entidad sin experiencia ni capacidad para ello, con lo cual en la práctica mantuvo a la mina acumulando pérdidas, a los habitantes del lugar sin empleos, a los comerciantes sin ventas. El efecto más negativo fue el mensaje a los inversionistas extranjeros, a quienes les es imposible comprender esa situación, y la sorpresa de los ciudadanos guatemaltecos.

El segundo fallo de la CC se refiere al caso Cicig-MP-Iván Velásquez. Cuando se recurre a un amparo y este es declarado provisional, los hechos causantes de esa petición quedan igual a como estaban antes de la solicitud. Una vez declarado procedente o improcedente, se realizan las acciones derivadas de tal decisión. Esto es muy simple de entender para cualquier ciudadano. Aterrizando en el caso, un ciudadano pidió amparo a favor de Iván Velásquez: la CC lo concedió, y entonces las cosas debieron haber quedado como estaban, es decir, con Velásquez en el puesto. Pero a causa de haber hablado en abstracto del puesto, y señalar “el comisionado o la comisionada”, quedó abierta la posibilidad de una mujer en el cargo, y ello desató un enredo de interpretaciones.

Dos factores adicionales provocaron mi curiosidad: el día y la avanzada hora de la declaración me parecieron extraños, pues evidentemente provocaban la espera de los periodistas, el atraso de las horas de cierre, y la premura para permitir a reporteros y comentaristas la interpretación del texto. Además, la unanimidad del acuerdo me hizo pensar de alguna manera en una intención ulterior. Al día siguiente, el encuentro con la prensa puso a la CC en la necesidad de aclaraciones. Por su parte, el gobierno aprovechó ese extraño agregado de “comisionada” para avanzar en su verdadero propósito: borrar al comisionado y a la institución, lo cual tiene una sola interpretación posible: eliminar la lucha contra la corrupción. Muy simple, realmente.

Tanto el presidente como los ministros de Gobernación y de Relaciones Exteriores, a quienes les queda grande el vestido, cometieron dos yerros: poner un ultimátum a la ONU y entrar en desacato —desobedecer a un juez— al mantener la decisión presidencial de no dejar entrar a Velásquez. Por su deseo de ser abstracta, la CC creó un nuevo problema al gobierno, ahora criticado con mucha más base de ser un engendro de dictadura al mejor estilo del venezolano Maduro. Por todo ello necesito y pido a alguien el favor de explicarme cómo se actúa cuando quien encabeza uno de los poderes del Estado, junto con dos de sus más cercanos colaboradores, decide ante sí y por sí desobedecer. La última posibilidad es actuar así para salir de donde no tienen capacidad de estar.