Lejos de sumar adeptos en la lucha contra la corrupción, en Guatemala los mayores intentos avanzan por la vía contraria. La consigna parece ser desbaratar esos esfuerzos, demeritar ejecutorias y acosar a quienes encabezan acciones contra estructuras mafiosas, las cuales han contado históricamente con el apoyo o la indiferencia de altas autoridades del Estado.

Ni por asomo se logran observar hechos, acciones o iniciativas que busquen reducirle espacios a la corrupción y más bien siguen aflorando denuncias de abusos, de otorgación de contratos a empresas de diputados, de amigos de las autoridades o de quienes con sus recursos ayudaron a financiar campañas electorales.

Ha crecido el rumor de que el Gobierno estaría haciendo preparativos para separar de su cargo al actual jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria, Juan Francisco Solórzano Foppa, lo cual sería contraproducente, porque se estaría llevando a límites intolerables la interpretación de la ley, pero sobre todo porque sería un golpe a favor de la corruptela.

El actual superintendente ha sido figura clave desde el inicio de esta administración, cuando se observaron muestras plausibles de que las cosas podrían cambiar, pero transcurrido el tiempo y más los señalamientos de ilícitos contra el presidente y contra dos de sus familiares más cercanos se ciernen como una amenaza en el combate de la criminalidad de cuello blanco.

El mandatario tiene buena parte de responsabilidad en esa percepción, pues cuando fungió como secretario general del partido FCN-Nación incurrió en graves anomalías, que llevaron al MP y a la Cicig a plantear una solicitud a la Corte Suprema de Justicia para despojarlo de su inmunidad y poder investigarlo como a una persona común, pero un grupo de congresistas lo salvó de esa posibilidad, aunque los señalamientos todavía no están descartados.

Muy envalentonado, presa de su inmadurez y bajo el influjo de un perverso grupo de asesores, emprendió la penosa tarea de tratar de expulsar al comisionado Iván Velásquez, empresa en la que también fracasó por una resolución de la Corte de Constitucionalidad, aunque esa animadversión solo ha ido en aumento.

En ese reparto de odios también alcanzó su cuota la fiscal general, Thelma Aldana, quien en más de una ocasión insistió en que ha intentado reunirse con el presidente, pero este ha ignorado esa comunicación y de manera festinada se ha comportado con la inmadurez de un político bisoño y no como el representante de la unidad nacional, como está estipulado en la Constitución.

De acuerdo con las más recientes denuncias, todo parece indicar que el actual superintendente estaría engrosando la lista de personas que no encajan en el pacto de corruptos, lo cual solo será cuestión de tiempo para confirmarse, pero de ser así sería una nueva acción vergonzosa del gobernante y su rosca de asesores, porque se le estaría asestando un duro revés al impulso que en los últimos meses ha logrado la SAT en la recaudación fiscal, y ponerle un freno podría repercutir en la defraudación fiscal. Ojalá esto se quede en rumores y que el presidente Morales actúe de manera serena para evitar el descalabro en otra institución.