La elección de fiscal general o su equivalente en varios países se ha convertido en una decisión trascendental, como se puede ratificar en México, Costa Rica, Argentina, Perú, Ecuador y en muchos otros donde esa figura se ha convertido en piedra angular en la lucha contra la criminalidad y, en los últimos años, contra la corrupción.

Guatemala está entre ese grupo de naciones en que la elección de fiscal general, programada para mayo, ha desatado todo tipo de debates porque existe la generalizada percepción de que del lado de las fuerzas oscuras se harán todos los esfuerzos por lograr llevar a ese cargo a una figura acomodaticia, manipulable y dócil a los impredecibles vaivenes del poder.

La batalla, ciertamente, será crucial y no se debe dudar de que habrá recursos millonarios en juego o más de una forma de pago con tal de frenar el libre accionar del Ministerio Público, pues en los últimos dos mandatos ha dado saludables muestra de independencia.

Así debe ser, y quienes se obstinan en frenar esos esfuerzos lo hacen contra toda lógica, pues solo acentuarán la decadencia de la institucionalidad. Esto ha dado suficientes evidencias de indolencia, venalidad e incapacidad como para insistir en un modelo que solo los grupos corruptos avalan, pues desde muchos otros sectores habrá una férrea vigilancia para garantizar una sana elección de quien sea la figura más idónea para encabezar esa tarea.

Estados Unidos, por medio de su embajador en Guatemala, Luis Arreaga, ya ha advertido de que la elección de fiscal general es clave para los esfuerzos contra la criminalidad global que encabeza su país. No cabe interpretación que pueda ir en contra de ese anhelo, porque los mismos guatemaltecos apoyan de manera mayoritaria esa lucha, sobre todo por los altos índices de corrupción demostrada a la sombra del poder público.

Ese proceso, indudablemente, será uno de los más vigilados, porque el modelo de combate del crimen, de la corrupción y de la impunidad imperante durante los últimos años ha logrado que la comunidad internacional, sufragante de esos esfuerzos, haya mostrado su simpatía y disposición a continuar con esos aportes, y a cambio solo pide a Guatemala no desbaratar esa labor y unirse al clamor que suena más fuerte desde Washington.

No es poca cosa tener tras las rejas a un grupo de empresarios y exfuncionarios del más alto nivel, de lo cual también se deduce el enorme daño causado a las instituciones, a la recaudación fiscal y a miles de guatemaltecos que sufren las consecuencias de un latrocinio desbordado, y por ello a nadie le debería quedar la menor duda del rumbo que el país debe emprender.

Elegir a la persona más idónea para continuar la lucha contra la corrupción y la impunidad es un imperativo para quienes participarán en ese proceso y la responsabilidad quedará al final en manos del presidente Jimmy Morales, quien, ahora sí, debe dar una muestra de buena voluntad de lo que desde diversos círculos políticos de Washington reclaman, para evitar que se acrecienten las críticas, las presiones y las sanciones contra personajes cercanos a su gobierno. Serán numerosas las voces que se lo recordarán en caso de que desatienda ese clamor.