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Editorial

Apresurados y osados en favor de la impunidad

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La osadía con que las principales figuras del gobierno guatemalteco pretenden procurarse impunidad, al expulsar a investigadores de Naciones Unidas, rechazar los fallos de la Corte de Constitucionalidad, del procurador de los Derechos Humanos y adversar las medidas para combatir la corrupción, conllevan a que no podrán tener un final feliz quienes han instrumentalizado la Presidencia para favorecerse.

Los hechos ocurridos en los últimos días pintan al pacto de corruptos de cuerpo entero. La desesperación empuja a acciones que acrecientan el abuso de poder, con el único objetivo de someter a la justicia. Muchos de quienes hoy abusan de sus altos cargos y del efímero paso por estos enfrentarán las consecuencias por el irrespeto al estado de Derecho, porque nadie es superior a la ley, por más que dignatarios y funcionarios quieran hacerlo parecer.

Las antojadizas interpretaciones oficiales de los marcos regulatorios constituyen una seria amenaza para la institucionalidad, porque se han dado pasos que amenazan con desatar nuevas acciones contra quienes han defendido la lucha contra la corrupción, y si estos excesos no se detienen las consecuencias serán desastrosas para el país.

Cuando un senador estadounidense anuncia que Jimmy Morales no es bienvenido en Estados Unidos y que él, como vicepresidente del Comité de Apropiaciones del Senado, cortará la ayuda estadounidense a nuestro país, inicia un recorrido por el que ya han pasado otros regímenes: asfixiarlos económica y diplomáticamente, lo cual invariablemente traslada el impacto catastrófico al resto de la población.

Los legisladores estadounidenses que han mostrado su repudio a las decisiones del presidente Morales también, sin duda, analizarán una estrategia para castigar de manera efectiva a quienes han descarrilado la lucha contra la corrupción. El presidente Morales es uno de ellos, pero solo es la herramienta que han utilizado quienes tras bambalinas mueven los hilos que han ubicado a Guatemala en una vergonzosa situación.
Como dijo la congresista estadounidense de origen guatemalteco, Norma Torres, ayer, durante una entrevista con CNN en español, el presidente Morales y quienes lo asesoran son los principales responsables de la cadena de abusos cometidos en los últimos días y para todos es claro que han ido demasiado lejos, que difícilmente podrán procurarse impunidad por un largo tiempo.

Lo primero que sin duda vendrá es una fuerte respuesta del Congreso estadounidense contra los cabecillas del ataque a la institucionalidad en Guatemala y al ser el acuerdo con Naciones Unidas un tratado sobre derechos humanos, esto encajará no solo en la ley de asignaciones sobre seguridad nacional de Estados Unidos, sino también en la ley Magnitsky, cuyo campo de acción encaja en lo que muchos congresistas con seguridad aplicarán en pocas semanas contra varios guatemaltecos.

De la mano de Morales y sus asesores, Guatemala ha retrocedido décadas, pero como suele ocurrir en países que han pasado por circunstancias parecidas, el estado de Derecho se restablecerá, como ocurrió precisamente con la instalación de la Cicig hace poco más de una década, cuando imperaban las mafias de cuello blanco y el crimen organizado, que ahora han resurgido.