El próximo 10 de diciembre de 2018, la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) cumplirá setenta años. Esta celebración se dará en medio de los enormes problemas que hoy se están multiplicando en el mundo: la pobreza y la desigualdad, el cambio climático, la migración desprotegida y como resultado de la violencia y el hambre, la prostitución de lo público en favor de intereses privados, nuevas manifestaciones de esclavitud, el afán guerrerista de algunos grupos y gobiernos y otros fenómenos que representan un desafío para los ciudadanos de este tiempo, en cualquier parte del mundo.

En ese contexto, los esfuerzos porque sobreviva a este tiempo la premisa de que «todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos» requiere del concurso de la mayoría de ciudadanos. Es imposible pensar en que este será un esfuerzo de todos porque siempre hay sicópatas y grandes ganadores con esa idea de que el mercado con su mano invisible puede solucionarlo todo. Basta verlos molestos cuando se habla de combatir la pobreza y la desigualdad, o cuando se critica su religión: El neoliberalismo. Suficiente con leer sus calumnias y escuchar sus insulsos argumentos para saber quiénes son y qué piensan sobre el respecto a la vida del otro y a su dignidad. En buena medida, es por ellos que el mundo de hoy parece haber convertido todo en mercancías para la compra del mejor postor. Por ellos, el mundo actual tiene ese rostro de odio y frustración, y ese sabor a incertidumbre sobre el futuro.

No, no contamos con ellos, y aun así defenderemos sus derechos humanos, porque hoy más que nunca es importante y decisivo reivindicar el contenido de la DUDH: todas y todos tenemos derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad. Tenemos derecho a la educación, la salud, la vivienda y a condiciones laborales que permitan el logro de una vida decente alejada del temor sobre el mañana. Tenemos derecho a vivir libres de cualquier discriminación, a expresar nuestras ideas y nuestra forma de ver el mundo sin ser objeto de vejámenes. Tenemos derecho a participar en la toma de decisiones sobre lo que afecta y beneficia a todos. Nadie debe ser víctima de la tortura o el arresto arbitrario. Tenemos derecho a un juicio justo. En síntesis, y recordando al poeta guatemalteco, Otto René Castillo: aquí sólo queremos ser humanos.

Los derechos humanos —imperceptibles cuando están garantizados y terriblemente extrañados cuando se han perdido—, deben ser el hilo conductor en esta época y deben ser la base para impulsar los cambios políticos y económicos de los Estados. En particular, debemos comprender que su garantía, protección y realización dependen en buena medida de la política fiscal: un gasto público mayor y mejor planificado y ejecutado, con el cual se puedan construir las escuelas y los centros de salud que hagan falta para atender a todos al tiempo en que ayuda a propiciar el empleo por medio de la transformación productiva para un crecimiento económico sostenible ambientalmente y sostenido, así como un ingreso mínimo que garantice la existencia material. Una tributación recaudada con justicia, en cantidad necesaria para cumplir con el mandato del Estado proveniente, y sin espacios para la evasión y el privilegio; cero tolerancia a la corrupción y un manejo sostenible de la deuda pública. Finalmente, urge construir una política fiscal transparente, con objetivos validados por los ciudadanos y con rendición de cuentas sobre sus resultados. Los derechos humanos son la base para para vivir en sociedades modernas, justas y democráticas.

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