Un mal mensaje envía el Congreso de la República con la aprobación del decreto 13-2016, mediante el cual se establece que los funcionarios o personas particulares que reciban recursos del Estado quedan obligados por ley a acudir a cualquier citación de los diputados, so pena de ir a prisión si incumplen, de acuerdo con la modificación al Código Procesal Penal.

Esta es la primera calificación obligada porque los últimos hechos en los que se han visto involucrados diputados oficialistas dibujan un panorama propicio para que gente sin escrúpulos incurra en abusos contra funcionarios que se resistan a sus caprichos.

Por eso es que la normativa aprobada el pasado martes corre el riesgo de ser enmendada por la Corte de Constitucionalidad, porque ese exceso de entusiasmo congresil hizo que prevaleciera lo emocional sobre lo racional y se percibe incluso la intención de asumir roles propios de un tribunal de justicia.

El mayor riesgo es que los diputados abusen de ese privilegio y se generalicen los excesos, como los que ya se han denunciado con más de 30 citaciones a algunos de los funcionarios, que al parecer se resisten a ser víctimas de ese chantaje.

Una vergonzosa muestra de esto es lo que ocurrió el pasado martes en la bancada de FCN-Nación, donde el hostigamiento hacia la gobernadora de Alta Verapaz se volvió tan intolerable que la funcionaria debió abandonar ese recinto en medio del llanto. Un bochorno que debe llegar hasta el Ejecutivo.

Si eso ocurre en las actuales circunstancias, será peor cuando esa ley cobre vigencia, porque se estará legalizando esa actitud extorsiva, pues en las citaciones a funcionarios, lo primero que destaca es que se cierra el acceso a los medios de comunicación para que la reunión sea a puertas cerradas, lo que ratifica esa percepción de que algo irregular ocurre en las encerronas que dirigen los congresistas.

Pero lo más grave del decreto 13-2016 es que pretende enviar a la cárcel a funcionarios que se resistan a esas acciones de chantaje, y esto ocurriría sin que exista el debido proceso, un detalle que puede ser suficiente para recurrir en contra de esa normativa por la vía de la inconstitucionalidad.

Lo que los diputados deben entender es que no será con arrebatos hepáticos con lo que mejorará la administración pública, y menos con legalizar acciones claramente chantajistas, como ha ocurrido en las últimas legislaturas, donde las citaciones a funcionarios o visitas a ministros solo buscan acrecentar una despreciable práctica clientelar.

El último cruce de mensajes entre el oficialista Juan Manuel Giordano y el jefe de bancada de FCN-Nación, Javier Hernández, evidencia la vergonzosa conducta de los diputados que han visto en las citaciones a funcionarios la mejor posibilidad de humillarlos para que accedan a sus demandas.

Esto pone de nuevo al Congreso ante el reto de volver a modificar su ley interna, para evitar que las citaciones se conviertan en un tormento para los funcionarios y por parte de quienes sean citados también se hace indispensable que se despojen de esa actitud pusilánime que a todos nos perjudica.