Los numerosos hechos revelados por la justicia y la corta memoria nacional, acumulan en el baúl de los recuerdos efemérides que amplifican la nefasta acción gubernamental, iniciada aquel 14 de enero de 2016 y refrendada cum laude desde mediados de 2017.

El principio de acción-reacción es la forma de actuar de quienes se siente acorralados y toman insensatamente decisiones. El pasado 21 de enero se revelaba el caso Odebrecht y se detenía en Miami al excandidato presidencial Baldizón; el 26 se arrestaba al exministro de la Defensa Nacional —Mansilla— e ipso facto se cesaba al ministro de Gobernación. El presidente no asimiló que fuera enjuiciado quien le concediera un inmoral bono de Q50,000 mensuales; la ilegalidad sigue pendiente.

Con ministro nuevo comenzó febrero y se sucedieron otros acontecimientos. El 16 se destapó el caso del general Melgar Padilla, aún por resolver después de graves omisiones por parte del Alto Mando; el 22 se registraron oficinas de lo que se ha conocido como “caso EMPAGUA”; el 23 se detuvo al abogado López Villatoro —rey del tenis— en un control policial, y el 24 se hizo un allanamiento en vacío porque posiblemente hubo filtraciones y huyeron los señalados. El 26, un mes después de cambiar al ministro, se destituyó a la cúpula de la Policía para “oxigenar” la institución, concepto no explicado por el nuevo funcionario de Gobernación y mucho menos a quienes sirve ese oxígeno, más necesario para aquellos que están en “cuidados intensivos judiciales” que a la situación de mejora que reflejan las cifras en relación con la actuación de la PNC. Además, ¿qué sistema aguanta jubilar a comisarios de Policía con 38 años?

Causas que llevaron a consecuencias irreflexivas y evidencias contundentes de que el Gobierno no está por arreglar las cosas —escenario posible a inicios de año—, sino que por el contrario ha tomado la ruta de la confrontación, y mientras los presidentes del Ejecutivo y del Legislativo desvían la atención hablando de desarrollo económico o de propuestas de futuro son incapaces de abordar los auténticos problemas del presente. El presidente Morales cedió la iniciativa al clan Arzú y la política toma un preocupante rumbo que alimenta el golpe de Estado técnico, con esa elegante forma de arrebatar las instituciones aplicando barniz de legalidad, forma de proceder de “golpistas democráticos” que han creído que el poder es suyo y que los votos legitiman cualquier acción. ¡Vamos, tal cual nos decían que ocurría en Venezuela y querían evitar que sucediera aquí! No se donde está usted, pero le animo a atreverse a cruzar la línea de la decencia.

A pesar —o quizá por ello— de que de ocho presidentes vivos de la era democrática guatemalteca, dos estén en prisión, uno ya cumplió condena en USA, dos más pendientes de antejuicios y un tercero huido a Panamá, el país es referente internacional en la lucha contra la corrupción. La formación del Frente Ciudadano Contra la Corrupción muestra que el problema hay que abordarlo desde todos los sectores y dejar de lado el falso discurso de la lucha ideológica. Necesitamos un gobierno de transición —y no es este— que implemente pilares de decencia: ley de servicio civil, contrataciones claras, justicia eficiente, etc. ¡Bases sobre las que construir el futuro!

A mediados de febrero pronostiqué la remoción de la cúpula policial, ahora me atrevo a augurar un mal futuro para la actual Comisión de Postulación y varias sorpresas poco halagüeñas para Semana Santa. Al igual que entonces: veamos si el tiempo me vuelve a dar, lamentablemente, la razón.