El pleno de la Organización de Estados Americanos volvió a fracasar ayer en alcanzar un consenso para emitir un pronunciamiento mayoritario para pedirle a Venezuela que detenga la intentona para la elección de una nueva Asamblea Constituyente, cuyo propósito es legitimar el tambaleante régimen de Nicolás Maduro, que resiste gracias al apoyo de militares corruptos vinculados con el crimen organizado.

Ayer, en la sede de la OEA en Washington, su secretario general, Luis Almagro, calificó como una tragedia la situación que viven los venezolanos, donde en poco más de cien días de protestas han perdido la vida más de cien personas a manos de sicarios y maleantes al servicio del régimen, que busca por todos los medios prolongar un modelo que ha sido rechazado una y otra vez por millones de ciudadanos.

Esa crisis humanitaria, que además está golpeando con severidad a los sectores más desprotegidos, motivó que ayer 13 de los 34 países que integran la OEA le pidieran al gobernante venezolano suspender la Constituyente convocada para el próximo domingo, y hacen bien porque esta es una treta más del oficialismo por burlar la voluntad popular, que se hartó del gobierno madurista.

Los representantes de estos países, entre ellos el de Guatemala, se pronunciaron contra un nuevo abuso por parte de las autoridades de ese país, pues la misma población rechaza tal convocatoria, como lo demuestra una encuesta reciente efectuada por Datanálisis, en la que claramente el 70% de los venezolanos se expresan en contra de esa convocatoria.

Sin embargo, esa solicitud no está basada en el despropósito de las fuerzas chavistamaduristas, sino que se respalda en las escenas recabadas por organizaciones humanitarias en las cuales se evidencia que para aferrarse al poder no solo se intentan tretas políticas, sino que se acude a extrema violencia, con una cifra de muertos intolerable, con torturas, presos por motivaciones políticas y un terror generalizado que imponen pandilleros al servicio de las fuerzas gubernamentales.

La brutal represión estatal tampoco ha logrado doblegar al pueblo venezolano, que no ha dejado de protestar y de exigir el fin de un régimen impresentable para las democracias latinoamericanas y que apenas se sostiene con el respaldo de naciones que han ideologizado la crisis, sin inmutarse por el enorme costo en términos de vidas y daños a la propiedad que están desangrando a Venezuela, como lo hacen Nicaragua y Bolivia.

Quienes insisten en respaldar al ilegítimo gobierno de Maduro argumentan que es un asunto que corresponde resolver a los venezolanos, sin siquiera emitir la menor crítica al estado de terror imperante, donde una de las mayores víctimas es la libertad de expresión, ante la despiadada censura contra los medios de comunicación.

Si Maduro insiste en desatender el clamor de su pueblo y de los países integrantes de la OEA que le piden no seguir adelante con esa farsa, se corre el riesgo de recrudecer la actual crisis y hundir a Venezuela en un aislamiento internacional, el cual ya empezó a tener impacto, con las sanciones anunciadas ayer por la administración de Donald Trump en contra de 13 funcionarios venezolanos.