Dos denuncias penales en contra del presidente Jimmy Morales y los integrantes de su gabinete, que firmaron el decreto de estado de Prevención, fueron presentadas ayer por el Centro de Acción Legal Ambiental y Social y la Unidad Nacional de la Esperanza, con lo que se busca despojarlos del derecho de antejuicio para que puedan ser investigados.

Es claro que existen indicios de un abuso de autoridad de la cúpula del Gobierno en este caso, y aunque legalmente eso debe ser determinado por los órganos jurisdiccionales respectivos, sí hay lecciones que deben aprenderse ante ciertos atrevimientos, descuidos o extralimitaciones de los funcionarios, que son los primeros encargados de velar por la Constitución.

Hasta ahora muchos funcionarios se han desempeñado con cierta ligereza y el actual caso es uno de esos ejemplos en los que gente incauta podría haber sido instrumentalizada por mentalidades más perversas para introducir conceptos que exageran el uso del poder y lo llevan a extremos intolerables en un plano democrático.

Entonces, la búsqueda de sanción a esos abusos es lo que debe respaldarse, pues no puede permitirse que alguien alegue ignorancia cuando se encuentran en riesgo garantías ciudadanas básicas, con el pueril argumento de que estamos a las puertas de un copioso invierno. Si bien es cierto que hay áreas afectadas, muchas de ellas incluidas en el estado de Calamidad declarado el viernes, ello ocurrió después de derogada la suspensión.

La lección también debe servir para que ningún empleado de menor jerarquía actúe de manera negligente sin que nada ocurra. Ya en el pasado reciente un aprendiz de dictador fue mucho más lejos al pretender el rompimiento constitucional, so pretexto de redirigir el rumbo del país, y hoy debe resignarse a vivir expatriado por no querer enfrentar las consecuencias de sus actos y porque la ciudadanía, al igual que en el caso presente, mostró su rechazo profundo a tal violación.

Históricamente las autoridades gubernamentales han optado por estados de Calamidad, fundamentalmente para hacer adquisiciones sin cumplir con los requisitos de cotización, lo cual les permite comprar a dedo, y por eso es que esa modalidad siempre ha sido criticada, puesto que en vez de optimización y eficiencia, hay opacidad.

Los gobiernos anteriores utilizaron durante meses los estados de Emergencia o Calamidad para supuestamente ayudar a víctimas de desastres, lo cual sigue siendo una historia ignominiosa de la administración pública porque muchas comunidades a duras penas han logrado superar sus problemas, usualmente con su propio esfuerzo, mientras millones de recursos se han gastado sin cuentadancia alguna.

Hoy, la situación no parece ser tan diferente, sobre todo porque las autoridades han insistido en el establecimiento de estados de Emergencia para efectuar compras millonarias, supuestamente para abastecerse, cuando lo mismo podría hacerse por licitaciones públicas y ágiles, sin exponerse a sanciones por transgredir sin miramiento los más elementales derechos ciudadanos.