En un país donde el déficit habitacional ha crecido de manera imparable desde hace décadas, la necesidad de contar con un techo parece tener más peso que el temor a la muerte, como se evidenció una vez más con la tragedia ocurrida antenoche en un populoso sector de Villa Nueva, que a simple vista no era un lugar apto para construir viviendas, pero como suele ocurrir en tantos sitios de riesgo, se fue formando un asentamiento.

Sin embargo, una cosa es la necesidad de miles de personas en busca de una posibilidad de vivienda y otra muy distinta la responsabilidad que deben tener las autoridades municipales a la hora de autorizar, proveer de servicios e incluso cobrar impuesto a la propiedad cuando los terrenos presentan características de alto riesgo. No obstante, tanto en este como en otros municipios, a menudo las pasiones electorales llevan a los alcaldes a permitir el poblamiento de terrenos, con el fin de ganar votos a través de, aparentemente, favorecer a la gente.

Cuando se observan las imágenes del área de desastre en la colonia Santa Isabel 2, claramente se puede estimar que esa tragedia pudo haber sido mucho mayor y que la cauda lamentable de nueve muertos que ahora se lamentan pudo haberse multiplicado, puesto que fue solo una parte del muro la que cedió y solo un contenedor el que cayó sobre las viviendas, mientras otros quedaron prácticamente al borde, en un predio cuya construcción y autorización debió haber sido verificada por las autoridades ediles.

Un verdadero mecanismo preventivo tendría que haber detectado el desastre latente, a fin de tomar acciones que evitaran la tragedia que ahora se lamenta. En primer lugar se tendría que haber advertido a los pobladores sobre la precariedad de su ubicación, así como tomar las medidas de supervisión y protección de las viviendas; por otra parte, notificar al propietario del predio sobre las condiciones de uso del suelo y revisar el drenaje pluvial, cuyo cauce anunciaba la inminencia de la tragedia.

La situación es complicada cuando confluyen factores como el previsible peligro de habitar en laderas o barrancos, el alto costo de las viviendas en urbanizaciones, el difícil acceso a créditos y la pobreza de las familias que prácticamente no tienen otro lugar a donde ir.

De hecho, en otra parte de la metrópoli se vive un complicado drama, pues las familias de la colonia Jesús de la Buena Esperanza, en la zona 6, han sido notificadas de que los terrenos que han ocupado por años son inhabitables y de alta vulnerabilidad, por lo cual deben desalojar, hecho que motivó una protesta en el puente Belice que ocasionó un enorme caos vial.

Empalmar la prevención con la necesidad de un techo resulta difícil dadas las condiciones socioeconómicas de buena parte de la población. Sin embargo, a menos de un mes de que se cumpla el aniversario del fatal deslave en El Cambray 2, Santa Catarina Pinula, es un momento clave para que las autoridades municipales y del Ejecutivo ejerzan su potestad para salvar vidas, incluso cuando ello implique descontentos que serán mínimos si se comparan con la pérdida de vidas.