Aunque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha referido a México reiteradamente de manera despectiva y temeraria, nuestros vecinos no son los únicos que se encuentran en la lista de afectados por las primeras medidas que ha decretado.

En un discurso pronunciado el pasado miércoles en el Departamento de Seguridad Nacional, afirmó que su país recuperará las fronteras y pondrá freno al “aumento sin precedentes de la inmigración ilegal procedente de Centroamérica, que está dañando tanto a Estados Unidos como a México”.

Palabras inequívocas de que es apenas el inicio de una serie de acciones que alcanzarán a los centroamericanos, principalmente a los países del Triángulo Norte, que son los que más población migrante indocumentada envían a EE. UU.

En Guatemala, El Salvador y Honduras no se le ha dado la debida lectura a esas declaraciones y algunos todavía confían en que la principal víctima de la arremetida estadounidense sean los mexicanos, lo cual es un craso error de interpretación, pues la cantidad de centroamericanos que residen en aquel país de manera irregular es tan numerosa que si Trump materializa sus amenazas puede producir mucho daño.

Estos países tienen una enorme dependencia del envío de remesas que llegan desde EE. UU., al punto que el más mínimo castigo que pueda implementarse a ese rubro puede traducirse en un enorme daño para las economías centroamericanas.

La pregunta obligada entonces es: ¿Hasta cuándo estos países esperarán para buscar otros modelos de generación de ingresos? Expertos en la materia han advertido desde hace bastante tiempo el riesgo que representa para la economía nacional una dependencia tan determinante sobre el flujo de remesas que, hoy queda más claro, podrían tener una variación indeseable en el comportamiento económico del país si el mandatario estadounidense se decide a emprender acciones.

Cuando Trump habla de que los mexicanos pagarán por la construcción del muro en la frontera entre ambos países se debe pensar en más de una posibilidad. Una de ellas la aventuró su secretario de prensa el pasado jueves, cuando anunció la posibilidad de fijar un impuesto del 20 por ciento a las importaciones mexicanas, un auténtico disparate que de materializarse causaría un enorme daño a ambos países.

Pero con esas acciones irreflexivas que están caracterizando al nuevo gobierno estadounidense bien podría también decretarse una medida ejecutiva contra las remesas, lo que se traduciría en un enorme impacto para quienes hoy viven de esos envíos.

Todas las crisis se convierten al final en una puerta hacia nuevas oportunidades y Guatemala y sus vecinos deben empezar a ver hacia otros mercados, pero también hacia una transformación del propio modelo económico, que debe evolucionar. Primero, para sentar las bases de un desarrollo más certero, que reduzca al máximo ese vergonzoso éxodo de connacionales que solo los lleva a la incertidumbre o al riesgo de ser tratados como criminales en la búsqueda de un mejor destino.