Ni siquiera el financiamiento asegurado de algunos proyectos por la Comunidad Internacional parece ablandar voluntades en el sector público, pese a que varios de ellos fueron ofrecimientos reiterados del mandatario Jimmy Morales cuando apenas llevaba dos semanas de haber asumido la Presidencia.

Un ejemplo es el manido ofrecimiento de realizar un censo de los trabajadores del Estado, con el aporte de US$5 millones de la Unión Europea para determinar quiénes, cuántos, cómo y a qué costo desempeñan puestos burocráticos. Este proyecto prometía evidenciar el desorden de plazas fantasmas creadas en los ministerios para el pago de favores y compromisos electorales.

Tal registro de la burocracia tendría amplio uso en evaluaciones de desempeño individual e institucional, y sería herramienta indispensable para conocer las verdaderas dimensiones del Gobierno y viabilizar, en conjunto con una nueva Ley de Servicio Civil, la eventual reclasificación de puestos, salarios, funciones y prioridades, en respuesta a la exigencia ciudadana de probidad y buena ejecución presupuestaria.

Desafortunadamente, el gobernante Jimmy Morales vuelve a quedar lejos de la expectativa generada, pues el avance del censo ha sido escaso, por no decir nulo, por supuestas limitaciones legales y por falta de presupuesto.

No obstante el donativo, confirmado en abril del 2016, el famoso conteo brilla por su ausencia y el presidente prefiere figurar en inauguraciones vacuas, hacer apariciones anodinas y rehuir a la Prensa. En vez de explicar por qué no ha convertido este conteo en prioridad de Estado.

En septiembre del 2016, el Ministerio de Economía oficializó la supuesta ejecución del censo, a cargo del Instituto Nacional de Estadística, con detalles sobre su implementación, alcances y aporte, y subrayó la meta de aprovechar mejor los recursos del Estado. Nuevamente la palabrería privó sobre la ejecutoria, como ocurre en la administración efecenenacionista, sumida en anomia, desorganización e improvisación.

El tiempo de los pretextos terminó y el gobierno de Morales está llamado a dar razón de la parsimonia para efectuar el conteo, verificable y sistematizado, de los trabajadores de cada dependencia de la administración central, secretarías y entes autónomos o semiautónomos.

Es previsible una nueva justificación verbal rimbombante del mandatario, si llega a responder a este nuevo requerimiento ciudadano, pues es probable que mantenga el mutismo de otros funcionarios con quienes se roza, que detestan la fiscalización independiente.

Por su parte, la Unión Europea, de manera diplomática, ha revelado su descontento por el aplazamiento indefinido del censo para el cual dieron más de Q35 millones. Esto no significa injerencia en los asuntos nacionales ni atenta contra la soberanía nacional, sino simplemente actúa en favor de la población guatemalteca, hastiada de discursos y excusas vanas, que solo descubren el interés por perpetuar el pantano corrupto que cubre a los traficantes de influencias.