La mayoría de los países pasan por un período de inflexión —y reflexión— en sus cambios políticos. La dictadura española tomó su tiempo con la UCD, antes de entrar al período bipartidista dominante PSOE-PP; el uribismo no tornó al petrismo sino mediante la amortiguación de las administraciones de Santos y Duque; los períodos de gobierno del FMLN sirvieron de colchón entre Arena y el autoritario Bukele; y el kirchnerismo-peronista no cedió su espacio a Milei sin antes pasar por Macri y Fernández. Dicho de otra forma: las transiciones —excepción de las dictaduras— no suelen ser bruscas, sino que tienen su corto, pero necesario, período de adaptación a los cambios.

Desde el inicio de la era democrática, Guatemala ha ido padeciendo gobiernos —y gobernantes— cada vez más delincuentes. El debate no ha sido ideológico, aunque algunos lo hayan pretendido, más bien sobre la depredación de recursos del Estado, la gestión ineficiente y el dominio de la delincuencia organizada. En cada nueva administración, el desfalco económico, las malas prácticas, las decisiones interesadas y las mafias depredadoras de recursos se fueron perfeccionando.

Las pasadas elecciones han sido una protesta —aunque solo parcialmente— contra la corrupción política que azota el país de forma grave y costosa. Un Congreso similar, los alcaldes habituales, pero una presidencia diferente, responden al sentir popular que rechaza la corrupción y apuesta por un cambio. Desconozco si el ciudadano ha entendido —y la comunidad internacional aceptado— que las cosas se modificarán a la velocidad posible que sea capaz de soportar la sociedad “sin marearse”. De esa cuenta, es posible que este no sea el período del cambio, sino de inicio de una transformación más profunda y de fondo que se vendrá, no ahora, sino posiblemente en 2027, cuando se vuelvan a convocar elecciones.

Lo que debería quedar claro en este escenario de medio plazo es que las mutaciones en los procesos políticos suelen ser irreversibles, y las modificaciones que se produzcan darán lugar a otra forma de hacer las cosas. Aquellos que insisten firmemente —y pasó en los casos antes indicados— en retornar la situación actual a la pasada —por añoranza ideológica o interés económico— terminan por salir de la ecuación del poder.

Por lo tanto, el nuevo gobierno no es “un problema”, será el panorama nacional que se presente en el 2027, año electoral. No son las figuras Arévalo-Herrera las que deberían preocupar a quienes siguen rechazando los resultados electorales, es el ambiente político-social venidero —sin esos personajes— el que tendría que estar presente en la mente de aquellos que se distraen con la coyuntura mientras olvidan el medio y el largo plazo.

Todavía hay muchos comodines en la baraja que no se ha mezclado con las cartas principales: el papel del MP y el Organismo Judicial en los próximos dos años, las candidaturas posibles —y factibles— para las próximas elecciones, la reacción del crimen organizado al cambio, el efecto social de la nueva administración, el rol de los USA según lo que ocurra en noviembre, las pugnas internas en el partido Semilla —y en otros, como la UNE—, la capacidad de negociación de las fuerzas vivas del país, la fuerza real de la comunidad indígena o la resistencia político-social a cambios inevitables que se irán produciendo con —y sin— apoyo extranjero, son algunos de los aspectos a considerar.

Construir el país pasa por aceptar los tiempos y ser capaces de tomar el mejor rumbo posible. Resistirse a cambios ya iniciados genera frustración y conduce a escenarios más drásticos. Elegir la coyuntura desgastante y distractora o apostar por una estrategia planificada y consensuada son las vías alternativas posibles.