Debido a la cercanía geográfica de Honduras, Guatemala necesita analizar la mayor cantidad posible de las promesas de Xiomara Castro de Zelaya para sus cuatro años de gobierno, luego del ingreso del madurochavismo en el vecino país a partir de la toma de posesión. Un somero análisis permite dividirlas en preocupantes, a causa de sus consecuencias; muy difíciles, populistas y algunas aceptables, si se conoce exactamente su significado. Entre las primeras están: convocar a una asamblea “al día siguiente” para redactar una nueva Carta Magna; abrir relaciones con China continental; crear la policía nacional comunitaria para aldeas y barrios —copia de los comités cubanos de defensa de la revolución—. Todo esto significa el ingreso formal del nefasto “socialismo del siglo XXI”.

Las promesas demagógicas incluyen aumentar el salario mínimo, compensar el costo de la canasta básica; no imponer ni un solo impuesto al pueblo pobre, sector productivo, comercial y financiarlo con ahorros de gastos inútiles o exagerados; reducir impuestos a los combustibles para hacerlos los más baratos de Centroamérica; aprobar un ingreso universal para familias pobres, financiado con los ahorros de combatir la corrupción.

Las muy difíciles son cancelar los contratos sobrevalorados de energía eléctrica; recuperar las empresas estatales de electricidad, teléfonos, puertos y aeropuertos; crear la Secretaría de Planificación Económica; derogar los fideicomisos estatales en los bancos privados y cancelar los monopolios y los oligopolios.

Se establecerá una comisión internacional contra la corrupción y la impunidad, creada por el Gobierno con apoyo de la ONU, al estilo de la Cicig, renegociar el estatuto docente —allí no hay ningún Joviel— y abrir escuelas normales de dos jornadas para establecer una “educación integral y patriótica”, lo cual huele a adoctrinamiento ideológico. Siempre habla en primera persona, lo cual denota una egolatría similar a la de Ortega y de Bukele, así como el convencimiento de ser el centro de las decisiones, sin negociación.

Las ofertas aceptables son: vender el avión presidencial y los carros del lujo, disminuir sueldos onerosos a funcionarios si duplican funciones; cárcel domiciliar a reclusos ancianos muy enfermos; reunir a familias emigradas; vacunar en el primer año a todos los hondureños; amnistiar a condenados por protestas y reparar daños a víctimas de violencia política y femicidios; becar a escolares pobres de primaria y secundaria; crear programa de solidaridad alimentaria.

Llaman la atención las promesas de derogar las leyes de defensa y seguridad, de secretos, de escuchas, de zonas de empleo y desarrollo económico, de coalianza y del congreso; las actuales leyes de educación, de empleo temporal y de seguridad social para consensuar nuevas, de contenido desconocido aún.

Por supuesto, es un discurso y mucho, de seguro, no se realizará por motivos de la increíble realidad política interna, aunque se materialice el apoyo de Nicaragua, Cuba y Venezuela, así como de algunos miembros de la Unión Europea. Ante esa realidad, Estados Unidos necesita actuar con serenidad, pero al mismo tiempo con firmeza, y México debe hacerlo de acuerdo con esa nueva realidad, por lo cual causan esperanza las acciones ya anunciadas por los dos países para invertir en el Triángulo Norte para disminuir el éxodo de familias sin esperanza.

La corrupción y sus acciones colaterales son, con toda certeza, la base principal de la realidad narcocleptopolítica de la zona, tema ni siquiera mencionado por la presidenta electa en sus encendidos discursos.